Reunión 9º – 7° Sesión Ordinaria (Especial) – 4 de Septiembre de 2013 Impuesto a las ganancias

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4 septiembre, 2013

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Sr. Prat-Gay.- Señora presidenta: en primer lugar me referiré al dictamen de mayoría. Los firmantes de los dictámenes de minoría que me seguirán en el uso de la palabra harán un excelente trabajo en explicar la cuestión, si es que personalmente no me alcanzara el tiempo para hacerlo.

En segundo término, deseo plantear dos cuestiones respecto del dictamen de mayoría para fundamentar nuestro voto negativo. Lo que propone dicho dictamen no es gravar la renta financiera. Esta es la manera que encontraron para venderlo a fin de lograr el apoyo necesario a la creación de nuevos impuestos; pero reitero, no se está gravando la renta financiera.

Pensemos en el caso del impuesto extraordinario del 10 por ciento a los dividendos y el de un empresario pyme cuyos ingresos son específicamente los dividendos de su pequeña empresa, con la que está remando todos los días contra la situación local, la situación internacional y la presión tributaria. A ese señor vamos a cobrarle un impuesto a las ganancias del 45 por ciento: 35 por ciento en cabeza de su empresa y 10 por ciento adicional cuando distribuya los dividendos, que no le queda más remedio que hacerlo. Por supuesto que las empresas grandes pueden hacer otra cosa: no distribuir los dividendos, lo que repercute en la situación patrimonial. Las empresas que cotizan en bolsa se ven beneficiadas con esa valoración patrimonial, y los que compran y venden esas acciones de manera especulativa no pagan ni un centavo de impuesto a las ganancias. Esta es la contradicción hacia la que nos quiere llevar el gobierno.

Según este proyecto, un empresario pyme pagará 45 por ciento de impuesto a las ganancias; un especulador que compra un título público al gobierno y tiene una renta anualizada en dólares del 10, 11 o 12 por ciento pagará cero por ciento de impuesto a las ganancias y cero por ciento de bienes personales. Entonces, no es cierto que esta medida grave la renta financiera.

El segundo aspecto a considerar se vincula con la compra venta de empresas. No se trata de un impuesto a la compra venta especulativa de acciones que cotizan en bolsa sino al caso en que haya un empresario que venda su empresa, al que se le cobrará el impuesto a las ganancias.

Más allá de la discusión de si esta medida es correcta o no, lo que quiero dejar en claro es que nada tiene que ver con la renta financiera, porque el valor de la empresa al momento de venderse, salvo que se trate de un banco o de una financiera,  será aquel que surgió como consecuencia de una actividad industrial o de servicios. Por lo tanto, la renta acumulada nada tiene que ver con la renta financiera.

Quería dejar bien en claro estas cuestiones, porque nuestro bloque y muchos otros que han firmado el dictamen estamos a favor de un proyecto de ley que grave la renta financiera; pero esta iniciativa no persigue ese objetivo.

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- El señor diputado Feletti solicita una interrupción, ¿se la concede, señor diputado?

 

Sr. Prat-Gay.- Sí, señora presidenta.

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Feletti.

 

Sr. Feletti.- Deseo aclarar al señor diputado Prat-Gay que,  según consta en la versión taquigráfica, en ningún momento y bajo ningún concepto expuse, en relación con el dictamen de mayoría, que esta iniciativa iba a gravar la renta financiera. De hecho, no grava la renta financiera, pero sí las ganancias de capital.

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado porla Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Prat-Gay.- Vale la pena la aclaración, porque la trampa que proponía el oficialismo era que aquellos que estaban a favor de gravar la renta financiera se vieran obligados a votar a favor del dictamen de mayoría.

Queda claro que la propuesta del gobierno –lo dijo ayer con su eufemismo particular el director dela AFIP, Echegaray‑ es incorporar materia tributaria. Llamémoslo de otra manera: esto es aumentar impuestos, y sobre todo a las pymes. Por lo tanto, no esperen desde ningún bloque de la oposición que vayamos a apoyar esta propuesta.

También vale la aclaración que acaba de realizar el señor diputado Feletti para que nadie se confunda con que esto tiene que ver con gravar la renta financiera. Por el contrario, nosotros creemos que sí habría que discutir a fondo un proyecto que apunte a gravar la renta financiera a cambio de bajar impuestos, como por ejemplo el IVA a la canasta básica o el impuesto al cheque. Espero que en algún momento tengamos la oportunidad de discutirlo.

Como decía, esto no grava la renta financiera ‑reitero mi agradecimiento por la aclaración que ha efectuado el señor diputado Feletti- y tampoco es necesario. Si me permiten, quisiera explicar esta cuestión, porque ayer se le planteó el tema al director dela AFIPen tres oportunidades y las tres veces contestó con evasivas. El hecho es que en lo que va del año el gobierno lleva recaudados 16.000 millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias por encima de la pauta presupuestaria que aprobó este Congreso dela Nación; vale decir que el gobierno ha recaudado 2.000 millones de pesos por mes en exceso respecto de la pauta presupuestaria. Esto es lo que se ha acumulado en los primeros ocho meses del año. Si siguiéramos sin cambios se acumularían unos 8.000 millones de pesos más a la cifra anterior.

En consecuencia, aquí no hay ningún costo fiscal. Lo único que hizo el decreto 1.242 fue resignar la mitad de los recursos excedentes que hubiera recibido en los cuatro meses que quedan de este año. Además, como no se hace un cálculo anual, ni siquiera se les está devolviendo a los trabajadores lo que se recaudó de más en los primeros ocho meses del año por un impuesto que nunca se debería haber cobrado.

Por lo tanto, reitero que no se está gravando la renta financiera, el impuesto no es necesario y tampoco se necesita una fuente de financiamiento alternativo, porque sólo se está resignando la mitad de un excedente que se va a producir de todas maneras.

Además, este tema se está discutiendo en el marco de un presupuesto anual de 900.000 millones de pesos y, sin embargo, el gobierno pretende crear nuevos tributos para juntar 2.000 millones de pesos más. No olvidemos que hablamos del mismo gobierno que en lo que va del año modificó la estructura presupuestaria de gastos en 45 mil millones de pesos. Esto lo remarco porque nadie está diciendo que hay que salir a buscar 10.000 o 20.000 millones de pesos adicionales. Si este gobierno, que dice hacer tan bien las cosas, no puede encontrar la manera de acomodar dos en novecientos, tengo que dudar mucho de todo lo que dice. De todos modos, recordemos que nada de esto hace falta, porque esta medida no tiene costo fiscal; simplemente se está evitando que durante el resto del año la inflación legisle sobre un impuesto que este Congreso no legisló.

En lo que respecta al dictamen de minoría, cabe señalar que lo que hace es retomar la cuestión central, que justamente es lo que la presidenta dela Naciónle niega al Congreso dela Nación, que es discutir -esta es una facultad que tiene el Parlamento-  la cuestión impositiva.

Hoy estamos hablando de estos nuevos impuestos porque al gobierno se le ocurrió que necesitaba una fuente de financiamiento -que en realidad no necesita- para cubrir lo que anunció en oportunidad de dictar el decreto 1.242. Por eso, nosotros queremos discutir los alcances de ese decreto. No creemos en las facultades delegadas, porque pensamos que es el Congreso dela Naciónel que tiene la atribución constitucional de modificar los tributos. Esta es la razón por la que hemos arribado a este acuerdo entre los bloques dela Unión CívicaRadical, del Peronismo Federal, del  Socialismo, del PRO y dela Coalición Cívica-ARI.

Lo que propone nuestro dictamen de minoría ‑lamento que los diputados del oficialismo no se hayan quedado ayer cuando les ofrecimos tener en cuenta esta alternativa- es completar lo que hizo a medias el decreto 1.242 dictado por la señora presidenta dela Nación.

¿Qué hay que completar? En primer término, todo esto tendría que hacerse a través de la sanción de una ley. No puede ser que la gente dependa de una dádiva que se le ocurra o no a la señora presidenta o porque ganó o perdió las elecciones decida modificar los impuestos por decreto. Tenemos que mirarnos a la cara y decirnos de una vez por todas que no podemos seguir delegando esta facultad. Esta es una medida que tendría que salir por ley.

En segundo lugar, el impuesto tendría que tener movilidad. Resulta inaceptable que cada cuatro meses a alguien se le ocurra impulsar una modificación de 12 mil o 15 mil millones de pesos. Dejemos de lado esta idea de dádiva por la que se devuelve a los trabajadores algo que nunca les tendrían que haber quitado. Resolvamos el problema para adelante y démosle al sistema verdadera movilidad. ¿Acaso no hay movilidad jubilatoria? Entonces, que también haya movilidad en el impuesto a las ganancia.

Por otro lado, al decir “completar” proponemos atender la situación no sólo de los empleados en relación de dependencia sino también de los autónomos y monotributistas –cuyos parámetros no se modifican desde hace tiempo‑, y de los jubilados.

Para que se entienda bien, en nuestro dictamen establecemos que nadie que tenga un ingreso neto inferior a cuatro salarios mínimos vitales móviles es pasible de tributar impuesto a las ganancias. Hoy, eso implica un ingreso neto de 13.200 pesos por mes, que equivale a un ingreso bruto de 15.900 pesos mensuales ‑que es mayor que los 15.000 pesos que la presidenta ofrece en su decreto‑, que en adelante será movible ya que cada seis meses se ajustará de acuerdo al salario mínimo vital móvil.

En cuanto a los jubilados, determinamos que ninguna jubilación ordinaria pagará impuesto a las ganancias. En la actualidad, la jubilación ordinaria máxima es de 15.800 pesos y no está alcanzada por el decreto 1.242. No existe razón de que una jubilación ordinaria pague impuesto a las ganancias dos veces. ¿Por qué no podemos terminar de discutir y resolver esto? En nuestro dictamen sí resolvemos la cuestión, hacia adelante, por la propia movilidad jubilatoria.

Me gustaría explicar cómo quedarán los mínimos no imponibles, de acuerdo con nuestro despacho.

Para un casado con dos hijos, que antes del decreto 1.242 tenía un mínimo no imponible de 10.397 pesos, si hoy gana entre 15.000 y 25.000 por mes pasará a tener un mínimo no imponible de 12.476 pesos en virtud de ese decreto; según nuestra propuesta ese mínimo se ubicaría en 13.549 pesos. Además de tratarse de un monto más alto, eliminamos la tablita que el gobierno quiere volver a introducir, pues con el decreto 1.242 hay un mínimo no imponible para quienes cobran menos de 15.000 pesos; otro, para los que perciben entre 15.000 y 25.000 pesos, y uno diferente para aquellos que tienen un ingreso superior a 25.000 pesos. Pensé que en realidad queríamos eliminar esa tablita.

Entonces, nosotros mejoramos la situación de los empleados en relación de dependencia, de los autónomos y monotributistas –cuyos parámetros incrementamos en un 50 por ciento‑, y de los jubilados. Todo esto tiene un costo fiscal adicional de 1.500 millones de pesos; es decir que de los 8.000 que en los próximos cuatro meses se pevé cobrar de más, devolvemos 6.000.

Por otra parte, estamos introduciendo una desgravación impositiva para las pymes que quieran reinvertir utilidades, es decir que hacemos exactamente lo contrario que el gobierno, que grava a las pymes en sus dividendos.

Finalmente, deseo hacer una aclaración respecto de un tema que no forma parte del articulado del dictamen aunque sí se halla en los fundamentos, que va de suyo.

Modificamos el decreto 1.242 en una cantidad de parámetros, pero no alteramos la ventaja del 30 por ciento respecto de los empleados patagónicos pues entendemos que se trata de una decisión tomada por la presidenta en el decreto, que tiene fuerza de ley en razón de la delegación. Vale decir que al modificar nosotros los mínimos no imponibles, subsiste la ventaja del 30 por ciento para los empleados patagónicos por encima del mínimo no imponible  propuesto por el gobierno.

Nuestro dictamen de minoría apunta al fondo de la cuestión que estamos discutiendo. Gracias al aporte de cinco bloques legislativos estamos mejorando la situación de empleados en relación de dependencia, de autónomos, de monotributistas, de jubilados y de pymes, sin que ello importe costo fiscal alguno. Simplemente devolvemos lo que el gobierno nunca debió haber cobrado. (Aplausos.)

 

 

Sra. Terada.- Señora presidenta: en primer lugar, como bien destacara el diputado preopinante, es cierto que la sociedad viene reclamando la elevación del mínimo no imponible, y muchos partidos, comola Coalición Cívica, la tomamos como bandera, pero esa modificación debe ser efectuada por ley, como establecela Constitución. Por ello ratificamos lo que bien expresara el presidente de nuestro bloque, diputado Prat Gay, respecto de la inconstitucionalidad del decreto 1.242/13, que fija las deducciones del impuesto a las ganancias.

Como expresan los considerandos de dicho decreto, éste se dicta en función de la ley 26.731, cuyo artículo 4° establece la facultad del Poder Ejecutivo de incrementar los montos dispuestos por el artículo 23 dela Leyde Impuesto a las Ganancias y sus modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria de ese gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida.

Esa norma está violando expresamente el artículo 99, inciso 3, dela Constitución Nacional, que veda al Poder Ejecutivo nacional el dictado de normas en materia tributaria.

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- No hay problema con el tiempo, señora diputada.

Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

 

Sr. Recalde.- La inquietud que se me genera es quién plantearía la inconstitucionalidad de esa norma, quién tiene interés legítimo para ello. ¿Los trabajadores beneficiados por ese decreto?

 

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por el Chaco.

 

Sra. Terada.- Lo puede hacer cualquier persona que se sienta afectada por este tipo de normativa, que puede plantearlo antela Justicia en defensa de su legítimo derecho, como bien lo sabe el doctor Recalde como hombre de derecho que es.

Más allá de eso, entiendo que con este proyecto en discusión se pretenden crear dos nuevos impuestos. Uno de ellos es el que grava la venta de acciones que no cotizan en bolsa, lo cual no significa gravar la renta financiera. Por otro lado, se grava la distribución de las ganancias de las empresas. En este punto vemos que no se protege a las pymes y no se permite la reinversión de sus ganancias.

Nos preguntamos entonces cómo se puede dictar una ley que viola dos principios básicos del sistema tributario: el principio de legalidad, que establece que sin ley no hay impuesto, y el principio de igualdad, que dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. No sé de qué igualdad estamos hablando cuando acá se está instrumentando la elevación del mínimo no imponible

de ganancias si tendremos un sistema de desigualdad, por cuanto, por ejemplo, una persona que de enero a agosto le haya ingresado un monto que supera los 15 mil pesos, pero que incluya horas extras o determinadas bonificaciones, no quedará exento del pago del impuesto a las ganancias, lo que representará cierta inequidad para aquella persona que sí será beneficiada con esta medida.

Sinceramente, nos quedan muchas dudas respecto a esta iniciativa. Como bien lo expresara nuestro presidente de bloque, el señor diputado Prat Gay, durante los primeros ocho meses se recaudaron más de 16 mil millones de pesos por impuesto a las ganancias, monto que excede lo presupuestado para el año en curso. Esto demuestra a las claras que no es necesario crear ningún tributo nuevo, lo que evidentemente aumentaría aún más la presión impositiva.

Lo que sí es necesario y nos reclama la gente, cuando uno recorre los distintos pueblos y provincias, es una reforma tributaria integral, en la que no se incluya algo que graciosa y generosamente está estipulado en uno de los articulados de la norma, en el sentido de que en los recibos de haberes debe figurar que este es un beneficio otorgado por el Poder Ejecutivo en función del decreto 1.242/13.

Por otro lado, advertimos que no se tocan otros temas que la población reclama, por ejemplo, la elevación del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Recordemos que desde hace muchos años ese monto es de 305 mil pesos; según el dictamen firmado por la mayoría de los bloques de la oposición dicho monto debería ascender a 800 mil pesos, para ajustarse a la realidad, a la inflación y a los tiempos que corren.

En cuanto a la exención del impuesto a las ganancias a los jubilados y pensionados nacionales, creemos que debería comprender a todos. No podemos hablar de ganancias sobre lo que implica un haber jubilatorio que, en definitiva, es la compensación a treinta años de aportes como mínimo, y que permitirá a la persona gozar o no de un buen haber en función de lo aportado durante toda su vida laboral útil. Sin embargo, pareciera ser que cuando hablamos de ganancia no se la entiende como la diferencia entre lo invertido y el lucro obtenido sino como el sueldo de un trabajador o el haber de un jubilado o pensionado nacional.

En realidad, esta iniciativa implica una injusticia de gran presión en el sistema tributario. También se reclama la actualización en materia de monotributistas, que en la actualidad en su facturación no la tienen, y están sometidos al pago de algo que no se condice con el trabajo o la venta que puedan desarrollar.

Por lo expuesto, desdela Coalición Cívica-ARI, encabezados por el diputado Prat Gay, hemos presentado un dictamen que contempla todos estos conceptos y todas aquellas situaciones que hoy está reclamando la sociedad, como por ejemplo la elevación del mínimo no imponible y su movilidad automática, y la de bienes personales, monotributistas y autónomos.

Entendemos que estas son las medidas que deben llevarse a cabo. No debemos crear nuevos impuestos que ejerzan mayor presión, sobre todo en el sector privado, que es el verdadero generador de trabajo y empleo. De lo contrario, tendríamos que concluir en que sólo los Estados nacional, provincial y municipal son los únicos generadores de empleo.

Por todas estas razones, desde el bloque Colación Cívica-ARI se presentó un dictamen de minoría que ha sido firmado por la mayoría de los bloques legislativos, que lamentablemente no podrá ser votado en el día de hoy. De modo que nosotros votaremos en contra del dictamen que crea nuevos impuestos, porque entendemos que son absolutamente innecesarios.

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