Modificación impuesto biodiesel

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15 mayo, 2014

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1. FECHA: 14 DE MAYO DE 2014

2. HORA DE INICIO/ FINALIZACIÓN: 10.49HS / 20.04HS

3. EXPEDIENTES CONSIDERADOS:

A– Expte 1-PE-2014. Orden del Día 33 – De ley. Modificación de las leyes 23.966 y 26.028, sobre impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos e impuesto al gasoil, estableciéndose que el pago del gravamen, cuando se trate de biodiesel combustibles, estará satisfecho con la alícuota que abona el componente gasoil.

B – Expte.11-S-14. – Orden del Día 37 – De ley. Ratificación del Convenio celebrado entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de enero de 2014, por  el cual la mencionada ciudad otorga al Poder Ejecutivo nacional el derecho real de usufructo de diversos edificios ubicados en la misma.

C –– Expte. 14-S-14.- Orden del Día 31 – Proyecto de ley en revisión por el cual se denomina con el nombre de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” a la Central Atómica Atucha II.

D – – Expte. 15-S-14. Orden del Día 32 – Proyecto de ley en revisión por el cual se denomina con el nombre de “Presidente Juan Domingo Perón” a la Central Atómica Atucha I.

 

4. POSICIÓN DEL INTERBLOQUE EN DICTAMENES:

A – BIODIESEL: Observación del Diputado LousteauObservación de la Diputada Carrió

B – ESMA: Observación de la Diputada Carrió

 

5 .VOTACIÓNES NOMINALES:

A – BIODIESEL – http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE03_01_R04.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE: ABSTENCIÓN (CARRIÓ, JAVKIN, CARRIZO, SANCHEZ Y LOUSTEAU), NEGATIVA (ARGUMEDO)

 

 

B – ESMA – http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE03_02_R04.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE:  NEGATIVA

 

 

C – ATUCHA Kirchner – http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE03_03_R04.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE:  NEGATIVA (CARRIZO, CARRIÓ, SANCHEZ) – AUSENTES (ARGUMEDO, JAVKIN, LOUSTEAU)

 

 

 

 

 

D- ATUCHA  Perón –  http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE03_04_R04.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE:  NEGATIVA (CARRIZO, CARRIÓ, SANCHEZ) –  AUSENTES (ARGUMEDO, JAVKIN, LOUSTEAU)

 

 

6. VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS : http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/132-4.htm


 

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CARRIÓ

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Carrió.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La última acordada de la Corte sustituye una decisión del Congreso de la Nación sin que exista vacío legal, como fue en el caso de una acordada transitoria al dejar sin efecto una ley entera por inconstitucional.

Entiendo que esta cuestión debe ser tratada porque viola el principio de división de poderes. Creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está avanzando sobre el Poder Legislativo de la Nación.

En segundo término, imputa al Congreso de la Nación no haber dictado la ley del 82 por ciento móvil. Esa ley sí se dictó; en todo caso, fue vetada por la presidenta de la Nación.

En tercer lugar, anuncia la mora en el cumplimiento de las sentencias, imputando esto a otros poderes del Estado, cuando la propia Corte tiene la facultad de las astreintes, es decir, de imponer multas personales a los funcionarios que no cumplen.

          De manera que entiendo que esto debería ser seriamente articulado y reflexionado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo soy defensora del control de constitucionalidad de las leyes por parte de la Corte, pero no creo que por el principio de la división de poderes, en ninguna oportunidad, la Corte tenga la facultad de legislar, salvo que se trate de vacío legal y por un tiempo determinado.

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CARRIÓ SOBRE BIODIESEL

Sra. Carrió.- En el artículo 1º impugnamos por inconstitucionalidad la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo Nacional para prorrogar el plazo, ya que viola el principio del artículo 76 de la Constitución Nacional.

Sra. Carrió.- Señor presidente: la exención es equivalente a la imposición en el sentido de que la facultad de aplicarlas pertenece al Parlamento nacional. No existe Poder Ejecutivo alguno en el que pueda delegarse tal atribución, que se refiere a la materia tributaria. Si quito un impuesto respecto de alguien o establezco una exención, de la misma manera que si impongo un tributo, lo hago de acuerdo con facultades que corresponden al Congreso; de lo contrario, se mantiene la inconstitucionalidad.

Si queremos promover el biodiésel y llevar a cabo una política de Estado en dicha materia, lo más simple es eximir la transferencia a título oneroso o gratuito del biodiésel combustible respecto del impuesto establecido en tales o cuales leyes. Así, si en algún momento el Congreso soluciona la inconstitucionalidad y decide establecer la inclusión, puede hacerlo. Mientras tanto se exime, porque esto genera imprevisibilidad en los actores económicos.

Quisiéramos que se efectúe un agregado al artículo 2°, a fin de solucionar el verdadero problema, según lo que dicen todos.  Así proponemos el siguiente texto: “Derechos de exportación para el biodiésel y sus mezclas. Fíjase en un 5 por ciento la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur vigente (N.C.M.)  382490, según el Anexo I del decreto número 100/2012 y sus modificaciones.”

Entonces, en vez de que Kicillof anuncie por izquierda y no publique en el Boletín Oficial lo que es materia propia del Congreso de la Nación –así lo ratificó la presidenta cuando mandó las retenciones al campo al Congreso‑, se hacen dos cosas: se exime del gravamen al biodiésel combustible y, segundo, se fija la retención en un 5 o 10 por ciento, solucionando el problema del sector.

          Creo que ustedes tienen una rara virtud: a las buenas cosas que dieron impulso también les impulsan su propia destrucción.

 

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO | intervención sobre EL IEM/esma

Sra. Carrió.- Señora presidenta: en primer lugar, voy a plantear la cuestión de privilegio.

Nosotros como bloque tuvimos 10 minutos y los respetamos. Le pedimos al presidente que por favor nos diera tres minutos más para que pudiera hablar la presidenta del interbloque, máxime teniendo en cuenta que cinco diputados representan a la ciudad de Buenos Aires, pero ese pedido se nos negó. Por eso tengo que hablar ahora, durante la consideración en particular del artículo 1º.

Planteo la cuestión de privilegio porque creo que tratándose de un convenio en el que una de las partes es la Ciudad de Buenos Aires, no puede cercenarse de esta manera el uso de la palabra justamente a representantes de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los acuerdos parlamentarios. Además, no pedimos una prórroga de siete minutos sino de apenas tres. El tiempo en exceso concedido a otros diputados suman esos 3 minutos que yo pedía, sólo como diputada de la Ciudad de Buenos Aires y en nombre de cinco diputados electos con el 35 por ciento de los votos.

Ahora me voy a referir al artículo 1º.  Yo no voy a estar en esta penosa discusión que creo que nos destruye a todos, sin que nadie gane nada, pero sí voy a entender algo: esto está acordado desde hace mucho tiempo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. ¿Cuál es el dato preciso? Y ahora voy a hablar de la cuestión del artículo 1º porque está directamente dirigida. El dato preciso es que cuando se votó el último presupuesto de la ciudad, el presupuesto para la infraestructura de los lugares de la memoria era cero. Era en el mismo momento en que el señor Nicky Caputo negociaba el convenio sobre el juego. De modo tal que el convenio sobre el juego y este convenio fueron negociados por el empresario Nicky Caputo.

Me duele mucho tener que decir algunas cosas, pero en nombre de la parte del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que representamos no puedo negar ni obviar que este convenio es absolutamente nulo. Por eso, esto necesita una ley especial del Congreso. Pero de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se necesitan los dos tercios del total del Congreso para los permisos de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles de derecho de dominio público.

Pero el artículo 89 dice: “Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones: (…) 5) Toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad.”, previa audiencia.  La doble lectura es aprobación, audiencia y otra lectura.

De modo que esta ratificación viola los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.  Es lo peor que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en esto el diputado Tonelli no me puede desdecir. Yo sé que ni él ni el diputado Pinedo tienen nada que ver, pero esto es vergonzoso. Se omitió la audiencia pública para que no pueda participar el Instituto de la Memoria y exponer sus argumentos.

En consecuencia, si la ratificación operada por quien tiene el dominio público es nula de nulidad absoluta porque exige la doble lectura, esta norma es inconstitucional justamente porque no hay cesión, porque la cesión tiene nulidad absoluta por inconstitucionalidad.

¡Y qué casualidad!  La jueza Liberatore acaba de declarar lo mismo en materia del convenio sobre el juego porque en este último se obvió la doble lectura. No hay excusas. Seis diputados de la ciudad de Buenos Aires, de UNEN, venimos a decir: esto es inconstitucional y es grosera la violación.

Lamento profundamente que dos personas entrañablemente queridas, como lo son el presidente del bloque del PRO y el diputado Tonelli, convaliden esto.  Hubiera sido preferible que al menos como representantes de la Ciudad de Buenos Aires, por vergüenza, se retiraran de este recinto. (Aplausos.)

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ARGUMEDO SOBRE EL IEM/ESMA

Sra. Argumedo.- Señora presidenta: no debemos confundirnos; no estamos tratando una mera transferencia de espacios ni un simple problema administrativo. Lo que haremos con la sanción de esta iniciativa es ratificar una infamia, una nueva agresión y un insulto a los protagonistas históricos de la epopeya de los derechos humanos, que son un orgullo para nuestro país. Me refiero concretamente al despojo y la disolución del Instituto Espacio para la Memoria.

Es bueno recordar algunos nombres y apellidos. Entre los integrantes del Instituto Espacio para la Memoria estuvieron Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Marta Vásquez, y Nora Cortiñas, que llevaron su lucha adelante.(Aplausos.)

El gran pecado del Instituto Espacio para la Memoria fue defender con todas sus fuerzas la idea de que la política sobre derechos humanos debía ser autónoma y autárquica, con fuerte participación de la sociedad civil para que fuera pluralista y no sectaria. Siendo el objetivo la búsqueda de consenso, no podía quedar en manos de un solo partido político.

Participé del Instituto Espacio para la Memoria desde su creación y conozco los motivos por los cuales se retiraron tanto los organismos que querían subordinarse a la política oficial como aquellos financiados por la  Fundación Ford, que pretendían apropiarse de la administración de uno de los edificios poniendo 2 millones de dólares. Como nos opusimos, se retiraron.

Después de casi cuatro décadas, donde hubo muestras de coherencia, de honestidad y de coraje reconocidos por el grueso de la sociedad argentina y muchos pueblos del mundo, nos encontramos con este convenio respecto del cual también podemos citar algunos nombres y apellidos: el señor Mauricio Macri y, en nombre de la Presidencia de la Nación, los señores Jorge Capitanich y Oscar Parrilli.

No es casual que cuando la Legislatura aprobó la disolución del IEM, los bloques del PRO y del Frente para la Victoria votaron en forma conjunta para impedir que Nora Cortiñas hiciera uso de la palabra en referencia al tema de los derechos humanos. Esa es la invención que están haciendo acá. (Aplausos.)

          Estos nombres y apellidos nos remiten al gobierno menemista, al decreto 1.002/98, por el que se estableció el indulto para los jefes de la dictadura militar que habían sido juzgados. También tuvimos las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

En su condición de integrantes y beneficiarios del gobierno menemista, esos nombres y apellidos avalaron, por acción u omisión, el siniestro indulto decretado por el señor Menem.

No existen registros históricos de una posición crítica de los nombres que he mencionado respecto de ese indulto.

Estos han sido los méritos históricos de quienes vienen a participar y celebraron el acuerdo. No obstante, veremos que la crisis de 2001 y 2002 hizo evidente que ese genocidio había sido una de las condiciones para el saqueo al que después sometieron a la sociedad argentina.

Sin duda, esas movilizaciones permitieron una expansión inédita de la legitimidad de la lucha por los derechos humanos. Debemos reconocer que en ese contexto se tuvo la inteligencia de aquellos que nunca habían participado del tema de los derechos humanos, en el sentido de ver la posibilidad de ingresar a ese espacio. Y es cierto: se recuperó la ESMA, se derogaron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y se llevaron a cabo políticas que apoyamos.

Lamentablemente, ese sector político decidió el “vamos por todo”. Ese “vamos por todo” significaba apropiarse en forma excluyente de esas luchas y de ese pasado. No nos engañemos. Ahora dicen que los señores Parrilli y Capitanich, en representación de otros, y el señor Macri, son los que van a dirigir las políticas de derechos humanos, respecto de las cuales Pérez Esquivel, Marta Vázquez y Nora Cortiñas no van a tener nada que decir. En todo caso les ofrecen la posibilidad de ser asesores de un funcionario de segunda del gobierno de Macri. Esto es un insulto. (Aplausos.)

          La base del conflicto fue la decisión del señor Parrilli de hacer un museo electrónico en el casino de oficiales. Esta fue la negativa que tuvo el IEM, porque el tema que se está debatiendo no es que hay que poner vida u alegría donde hubo muerte, ya que ahí no solamente hubo muerte, sino también una degradación de la condición humana hasta límites inadmisibles.

Eso es otra cosa. Es algo que remite más a Auschwitz. Cuando nos hablan de hacer asados en la ESMA es como decirle al pueblo judío que es amargo, como lo son los del IEM, que no quieren modificar el casino de oficiales. Son tan amargos que no se por qué los judíos no van a festejar con unas buenas salchichas y chucrut a los barracones de Auschwitz. Esta es la clave de la situación.

El problema radica en que acá se quieren banalizar los derechos humanos. Fíjense que he hablado de la condición humana. El hecho de que en 1979 y en 1980 se conocieran los primeros relatos de los sobrevivientes –y por eso uno de ellos estaba en esas condiciones de indignación- me hizo evocar La condición humana, de Malraux, y lo volví a leer. El contraste entre ese relato de los sobrevivientes y la novela de Malraux hacía pensar que éste era un simplote. Verdaderamente no se tiene una idea de la dimensión, tal vez porque no se participó de cerca de esos elementos.

Quiero decir, en relación con esta idea de hacer asaditos en la ESMA, que como ustedes saben los “asaditos” eran la quema de los cuerpos que desde los aviones no se  podían tirar vivos al mar. Este es el significado de “asaditos” en la ESMA.

Este tema no se puede trivializar, ya que es de una densidad terrible. Muchos de esos cuerpos pueden haber sido los de un hermano, un compañero –seguro que fueron compañeros míos-, padres o madres de muchos de los que están aquí.

Nos preguntamos por qué se quieren trivializar o banalizar los derechos humanos, si esto es inocente, un mero error, o si simplemente se trata de desplazar a estas personas porque son amargas.

Quiero decirles una cosa: el IEM no sólo molestaba por su autonomía y autarquía en la defensa e historia de los derechos humanos sino porque incorporaba nuevos derechos humanos y entre otras cosas defendía a las organizaciones indígenas de Félix Díaz frente a las agresiones del señor Insfrán. Esto es lo que molestaba. (Aplausos.)

Nos preguntamos si esta infamia, esta agresión, es inocente o forma parte de un intento de incorporar a la política de derechos humanos en una continuidad con otras definiciones políticas que hemos tenido en los últimos años, como es la ley antiterrorista, el Proyecto Equis, la base norteamericana de ayuda humanitaria promovida por el gobernador Capitanich en Resistencia, la designación del general Milani como jefe del Estado Mayor General del Ejército y poner a las Fuerzas Armadas en inteligencia interior. (Aplausos.)

¿Saben qué? Se asemeja demasiado a las orientaciones formuladas por el documento Santa Fe IV de los tanques de pensamiento norteamericano que fijan las estrategias para América Latina.

Por eso digo, señores, que esto que van a votar es una infamia, y la lista de los votos de la infamia va a quedar en la historia, una historia que sigue y no van a poder mancillar, porque los miembros del Instituto Espacio para la Memoria dijeron “La lucha continúa”.

Quiero aclararles que la obediencia debida no va a ser ni será una razón o excusa para haber tomado esta votación de verdadera obediencia debida.

La lucha continúa y el IEM va a seguir de pie porque no es la primera vez que lleva adelante esta lucha. (Aplausos.)

 

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JAVKIN SOBRE BIODIESEL

Sr. Javkin.- Señor presidente: estamos frente a un debate que marca una pequeña corrección ante un enorme error.

A partir de 2006 en la Argentina se estableció por ley una política de Estado –que nosotros acompañamos en ese momento‑ para favorecer el desarrollo de una industria vinculada al biodiesel, pero haciendo hincapié en la importancia de desarrollar el sector pyme dentro de una actividad industrial como ésta, que implicaba valor agregado, posibilidad de incorporación de tecnología y desarrollo regional ligado a la producción agropecuaria.

Hay que remarcar que hubo una respuesta positiva, y quizás allí es donde tengamos que poner mayor énfasis. Hubo una reacción positiva a partir de la sanción de la promoción e incentivos al desarrollo de estos emprendimientos. Esto trajo como consecuencia el desarrollo y la creación de pymes en materia de biocombustible, que en la provincia que represento –Santa Fe‑ ha tenido un impacto muy importante no sólo en lo relacionado con las grandes cerealeras sino también con el sector de las pymes.

Hay alrededor de 2.500 personas empleadas en pymes que se relacionan con el biocombustible; existen productores en varios lugares de Santa Fe, como Camila, Chabas, Sancti Spiritu, Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez y las zonas de Puerto General San Martín y San Lorenzo. En todos estos lugares encontraremos emprendimientos ligados al desarrollo industrial como respuesta a esta promoción.

¿Cuál es el problema? Empezamos a introducir, sobre todo a partir del año 2012, una serie de distorsiones incomprensibles que fueron deteriorando, en reemplazo del incentivo, la propia calidad emprendedora que dichos proyectos habían desarrollado.

Si vamos hacia atrás, podemos mencionar algunas medidas muy importantes, como la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, que fija los precios. Se conocen numerosos reclamos realizados durante este año y el anterior a raíz de la demora, hasta tres o cuatro meses, en la fijación de los precios. Como consecuencia de ello, al momento de establecerlos quedan por debajo de los costos y su reconocimiento pone en riesgo la cadena de inversión de las pequeñas y medianas empresas. En algunos casos señalados por las pymes del sector estamos hablando de 1.400 pesos sobre 7.200 pesos respecto de los costos.

Debemos remarcar que la devaluación incide sobre el sector porque la materia prima está dolarizada. Las empresas producen biocombustible a partir del aceite de soja y del metanol, cuyo valor en pesos se fija de acuerdo con el valor del dólar y es provisto por YPF. Como saben los señores diputados, el aceite de soja es un commodity que también tiene esta fijación. Por supuesto que si combinamos el valor del insumo dolarizado y la demora en el reconocimiento del precio, claramente podemos predecir qué habrá de pasar a un pequeño o mediano productor.

Además, a ello debemos sumar la distorsión en materia impositiva. La Unión Europea nos acusa de dumping, una de cuyas características –como bien señalara el señor diputado Lousteau- es el diferencial entre la retención al biocombustible y a la soja como producto primario; pero hemos ido fijando las retenciones móviles al biocombustible a niveles del 27,5 por ciento, a tal punto de acercarla a la retención al producto primario. He escuchado a muchos diputados de la oposición quejarse, con razón, de medidas adoptadas por la Unión Europea, pero también deberíamos quejarnos de decisiones tomadas en estos años en relación con tal distorsión.

Frente a ello nuestro bloque presentó un proyecto que apunta al fundamento, sobre cuya base solicitaremos autorización para abstenernos; se trata de un tema referido a una discusión que ya se ha dado y respecto del cual nuestra bancada ha fijado posición en muchísimas ocasiones: las potestades delegadas en materia tributaria. El Poder Ejecutivo no puede asumir facultades tributarias. Incluso, al respecto existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya hemos manifestado. En tal sentido, ratificamos nuestra posición en cuanto a que tal delegación es inconstitucional.

Como decía, hemos presentado un proyecto en el que el Congreso fija la exención, pero no lo hacemos sólo de cara al año 2015. Si la idea es corregir un error para volver al espíritu de 2006, en modo alguno la medida podría ser provisoria a un año ya que lo que pretendemos es recuperar credibilidad y estabilidad en las reglas para el pequeño o mediano productor.

Por otro lado, proponemos reducir al 5 por ciento la alícuota de retenciones en materia de exportación. Como señalara el señor diputado Feletti, en el día de ayer, a partir de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, el gobierno habría tomado la medida de reducir al 11 por ciento las retenciones móviles. De todas formas, esto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial ni se halla en el sistema María de la AFIP.

Nosotros habíamos formulado un planteo en el mismo sentido. Precisamente, si queremos llevar a cabo una política de incentivos es necesario sostener el diferencial entre las retenciones a la exportación del producto con valor agregado y las que se practican sobre el producto primario. Ojalá esto se confirme. Hoy hablamos con empresas ligadas al sector, que atentamente esperan la confirmación de la medida que ‑según entendí‑ el señor diputado Feletti mencionó en su argumentación.

Por otra parte es necesario señalar que existe un 50 por ciento de capacidad ociosa. Es decir que despertamos a una industria que a partir del esfuerzo y el emprendimiento del sector pequeño y del mediano ha logrado generar no sólo empleo sino también capacidad productiva de valor agregado sobre un producto primario; sin embargo, hoy llevamos a la industria a la situación de que el 50 por ciento de la capacidad generada no pueda ser utilizada o quede subutilizada.

Entonces, más allá de discutir si favorecemos la producción para el corte –no sólo el incentivo debe estar allí, y por eso decimos que se trata de una pequeña corrección para un gran error-, debemos considerar la potencialidad que tiene la industria. Tomando un planteo realizado por el señor diputado Lousteau, habría que acentuar los controles para verificar hasta dónde efectivamente se efectúa el corte.

Permítaseme hacer un agregado que me parece muy importante en relación con un tema en debate que tiene que ver no sólo con el rendimiento energético y la cuestión ambiental ligada a la producción de biocombustibles sino también con la soberanía o sustentabilidad alimentaria.

La Argentina tiene ejemplos muy interesantes que se están desarrollando en nuestro sistema científico y universitario, en muchos casos con una intervención correcta del Conicet, tendiente a sustituir productos alimenticios en la elaboración de biocombustibles.  En mi ciudad existe el INDEAR, una asociación entre la empresa Bioceres y el Conicet, que lleva adelante investigaciones con YPF precisamente en relación con los cócteles enzimáticos de biomasa para reemplazar por biomasa la producción de biocombustibles a partir de alimentos.

En la Universidad Nacional del Litoral existe un proyecto muy interesante para la fabricación de biocombustibles a partir de un residuo industrial como la glicerina.

Hemos hecho algo muy positivo: hemos puesto en marcha una industria de valor estratégico a nivel mundial; nos hemos ocupado de que crezca el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; en lugares muy pequeños del interior del país, no sólo en Santa Fe, hemos logrado que ese impulso tenga un reflejo en pequeñas y medianas empresas. Pero de golpe, en dos años, tomamos medidas que lo único que hacen es permitir que las pymes padezcan problemas; hoy están adelantando vacaciones, el próximo paso sería suspender. Por eso espero que se confirme esa medida correctiva en materia de retenciones móviles.

El Congreso debe ratificar la decisión que tomó, asumir su potestad indelegable en materia tributaria; fijar con claridad la ratificación de una política de promoción del desarrollo de las pymes; también proteger a las pymes de los grandes jugadores de un negocio que sabemos que es complicado, como el del complejo agroexportador agropecuario, y sobre todo animarse a decir que hay estabilidad de reglas para una política de desarrollo local y productivo a pequeña y mediana escala de la fabricación de biocombustibles no dependiente del nivel de corte que disponga un ministro de Infraestructura, apuntando con seriedad en el futuro al desarrollo y potenciando las inversiones serias en ciencia y tecnología para mirar a largo plazo el debate sobre la sustitución de biocombustibles obtenidos a partir de alimentos. (Aplausos.)

 


 

OBSERVACIÓN A LA OD 33 – DIPUTADA CARRIO

FUNDAMENTOS

  1. 1.      Consideraciones acerca del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Mensaje N° 0556 del 21 de abril de 2014, ha ingresado en esta Cámara un proyecto de ley tendiente a modificar las leyes 23.966 y 26.028 sobre Impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos. Esta iniciativa pretende eximir del Impuesto a la Transferencia e Importación de Gasoil al biodiesel destinado a la generación eléctrica, y del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas al biodiesel en general.

En los fundamentos del proyecto puede leerse que dicha iniciativa tiene por finalidad “continuar con la promoción de la industria, mejorar la competitividad del sector, desarrollar las economías regionales y coadyuvar al desarrollo sustentable del país”.

Sin embargo, a nuestro entender, la medida no alcanza para solucionar los principales problemas que afronta el sector. A saber: derechos de exportación elevados y móviles, mercados internacionales “cerrados” y precios internos desactualizados.

A continuación, trataremos brevemente cada uno de ellos a los efectos de lograr su adecuada comprensión.

  • Derechos de exportación elevados y móviles: El gobierno nacional ha intervenido en la industria de los biocombustibles fijando para esta actividad retenciones móviles que a marzo del 2014 ascendían al 27,6%. Destacamos que como primera injerencia en la industria el PEN, por medio del Decreto 1339/2012 de fecha 7 de agosto de 2012, dispuso elevar los derechos de exportación para el biodiesel y sus mezclas y eliminó el reintegro de exportación, determinando una alícuota final efectiva sobre el precio FOB declarado del 24,24%. Luego de esta medida, un mes y días después —el 19/9/2012— dictó el Decreto 1719/2012 estableciendo un sistema de Retenciones Móviles a los Biocombustibles alcanzando para marzo 2014 la alícuota ya mencionada del 27,6%.

Estas medidas trajeron como consecuencia la pérdida de competitividad del biodiesel argentino y una caída de las exportaciones que en los dos últimos años cayó de 1,7 millones de toneladas anuales a 1,1 millón.

Así, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) ha afirmado que al problema principal que es el alto nivel de la alícuota de derechos de exportación, se suma la imprevisibilidad en su cálculo, ya que las alícuotas se están fijando al momento del embarque y no al de la concertación del negocio. Por ejemplo, durante el pasado mes de marzo los contratos cerrados con una alícuota nominal de 22,7 % pasaron a abonar el 27,6 %, una alícuota inesperadamente alta que además quita competitividad al biodiesel argentino.

En este estado de cosas, desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, han considerado que más allá de proyecto del PEN sobre exenciones de impuestos internos, el sector mantiene la preocupación por la situación global de la industria que requiere despegar en materia de exportaciones por ello estima que sería oportuno una rebaja de las retenciones.

  • Mercados internacionales “cerrados”: Dicho problema es otra de las consecuencias colaterales que trajo la expropiación de las acciones del Grupo Repsol en YPF por parte del gobierno nacional. Básicamente, España importaba gran cantidad del biodiesel argentino y, como represalia, ese país dejo de hacerlo. Y tanto es así, que en al año 2012 España excluyó a la Argentina de su cupo de importación de biodiesel. Según los especialistas, España nos compraba biodiesel de soja por un valor superior a los 800 millones de dólares anuales. Luego de esta medida, en al año 2013, la Unión Europea decidió aplicar un arancel promedio de 24,6% a las compras del biodiesel argentino, y —según los mismos especialistas— el mercado externo representa el 63% de la producción local (en toneladas) y que de ese total casi el 90% lo concentra el mercado europeo. Esto llevó a CARBIO a la pérdida del liderazgo mundial en biodiesel por parte de la Argentina.
  • Precios internos desactualizados: Por otra parte, el gobierno nacional creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, asignándole la facultad de fijar el precio del biodiesel destinado al mercado interno. Así, estos valores no se actualizan desde noviembre del 2013. Esto es, antes de la fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar en enero de 2014, no cubriendo, los precios actuales, los costos variables de producción y generando pérdidas en el ejercicio comercial.

Por otra parte, el proyecto no llevará a una reducción del precio del combustible mezclado en surtidor y, en definitiva, lo único que se logrará es mejorar la economía de las petroleras.

De lo expuesto precedentemente surge que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional es solo un “parche” y, en consecuencia, no ataca los principales problemas que afronta el sector, a los que hemos hecho referencia renglones más arriba.

Asimismo, cabe destacar que hemos presentado un proyecto alternativo sobre la materia en el cual se establece no solo la eximición del impuesto establecido por las leyes 23.966 y 26.028 —en forma retroactiva al 25 de junio de 2013—, sino que, además, se fija la alícuota correspondiente al derecho de exportación en un cinco por ciento (5%).

En conclusión, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, además de no resolver los principales problemas que en la actualidad aquejan al sector, contiene facultades delegadas al Poder Ejecutivo que, como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades, contradicen el texto constitucional, sobre todo, teniendo en cuanta que versan sobre materia tributaria. Sobre esta cuestión haremos referencia a continuación.

  1. 2.      Inconstitucionalidad de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional

Tal como lo venimos sosteniendo en reiteradas oportunidades, la delegación de facultades legislativas al poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria es inconstitucional siempre que contradice lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Carta Magna.

La reforma constitucional de 1994 introdujo en su artículo 76 como principio general la prohibición de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, dicha prohibición tiene excepciones. Por lo tanto, la delegación legislativa podrá efectuarse siempre y cuando verse sobre  “materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. De esta manera, quedan establecidos los presupuestos en los cuales puede ejercerse la delegación antes citada.

Lo cierto es que el constituyente de 1994 quiso expresamente prohibir la delegación legislativa y establecer dicha prohibición como el principio general, admitiendo únicamente las excepciones que él mismo enumeró en la norma.

En tal sentido, el artículo 76 de la Constitución Nacional establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…”

En consecuencia, como dice Santiago (h.), “lo único que está habilitado constitucionalmente en el artículo 76 es la delegación expresa y limitada de la potestad legislativa, respetando los requisitos materiales, temporales y de política legislativa que señala el mencionado artículo de la Constitución”.

En tal sentido, hay materias que se encuentran excluidas de la posibilidad de delegación. Entre ellas se encentra la delegación en materias en las que esté fuertemente involucrado el principio de legalidad: penal, tributaria, expropiatoria, etc.

Como señala García Lema, “no podrían ser objeto de delegación aquellas materias en las que el principio de legalidad sea requerido en la Constitución con carácter formal, en protección de los derechos reconocidos en su primera parte; por ejemplo, no correspondería su utilización para crear nuevos impuestos u otras contribuciones”.

Por lo tanto, como puede apreciarse, la delegación legislativa no puede versar sobre materias tributarias puesto que el mencionado artículo no lo prevé como una de las excepciones a la regla general de la prohibición. Dicha situación tiene como fundamento que la creación de los impuestos es una facultad reservada al Congreso Nacional, toda vez que allí se encuentra plasmada la representación popular.

 

Sin embargo, el proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional estará facultado tanto para la “implementación de las alícuotas diferenciadas  para los combustibles (…) cuando los productos gravados sean destinados a zonas de frontera (…)” como para “incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido”. La incorporación de estas facultades en el proyecto de ley presentado por el mismo Poder Ejecutivo, no solo implica arrogarse potestades legislativas que no le corresponden sino que, además, abiertamente contradice lo establecido en nuestra constitución acerca de la prohibición de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en materia tributaria.

Por lo tanto, como anteriormente lo expresamos, existe una clara contradicción entre el proyecto presentado y lo establecido en el artículo 76 de nuestra Constitución Nacional toda vez que la materia sobre la que versa la delegación legislativa —establecida en el proyecto en cuestión— no encuadra en ninguna de las excepciones previstas por el constituyente.

 

OBSERVACIÓN A LA OD 37 – DIPUTADA CARRIO

Previo a adentrarnos al contenido específico del proyecto en tratamiento, corresponde realizar un breve racconto de lo sucedido en los últimos años respecto a las políticas públicas de Memoria sobre el Terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos Aires.

La década de los ´90 estuvo signada, entre otras cuestiones, por una oscura política de impunidad, que bajo el discurso falaz de la “reconciliación nacional” pretendió procurar impunidad para los genocidas. El punto neurálgico de la política del olvido e impunidad en los ´90 fueron los indultos presidenciales a los genocidas dictados por Carlos Menem, que habían tenido como antecedente las leyes de obediencia debida y punto final. En estos años, existió un total ocultamiento y abandono a las víctimas del terrorismo de Estado, y una expresa reivindicación desde el Estado de discursos estigmatizantes y justificadores de la brutalidad y la perversión que caracterizó al Estado Terrorista.

Quienes suscribimos la presente, junto a muchos otros,  nos opusimos firmemente a la política del olvido menemista, luchamos para mantener firme la memoria y la verdad de los atroces crímenes de la dictadura, y para que se hiciera Justicia. En efecto, en el ámbito de este Parlamento se presentó un proyecto de Ley para declarar la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los Indultos (Exptes. 8408-D-2001 y 604-D-2002) de autoría de Patricia Walsh, Alfredo Bravo, Luis Zamora, y Elisa Carrio, entre otros. Organismos de Derechos Humanos, y dirigentes políticos y sociales, emprendimos una lucha firme y sostenida por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En ese marco, aún antes de que se aprobara la ley de nulidad de la obediencia debida y punto final y de los indultos, en la Ciudad de Buenos Aires se gestó un espacio de fuerte compromiso con la Memoria, integrado por militantes y también por organizaciones vecinales.

En ese espacio, a partir de la iniciativa comprometida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, se identificó donde habían sido emplazados los Ex-Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (Ex-CCDTyE) “Olimpo”, “Automotores Orletti”, “Virrey Ceballos” y “Club Atlético”. En el caso de éste último por ejemplo, fue gracias a la lucha de las asambleas y organizaciones vecinales además de los Organismos de DDHH que logró recuperarse el espacio debajo de la Autopista 25 de Mayo donde había estado emplazado.

Así fue que, gracias al Movimiento de Derechos Humanos se gestó lo que hoy conocemos como el Instituto Espacio Para la Memoria (IEM) en la Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo su forma jurídica de ente autárquico, autónomo y descentralizado en diciembre de 2002, mediante la promulgación de Ley nº961de la Ciudad de Buenos Aires.

Como se puede observar, el IEM fue creado antes de declarar la nulidad de las leyes de impunidad y de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiera los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” que dieron lugar al proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Esto no representa un dato menor, ya que en ese entonces, cuando la corriente política hegemónica no sostenía activamente una política de Memoria, Verdad y Justicia, el IEM nacía como fruto de un arduo debate y consenso entre las históricas organizaciones de DDHH y las diferentes fuerzas políticas que constituían la Legislatura porteña en aquellos años. Gracias a la pluralidad en su conformación e independencia, el IEM fue desde sus inicios un ámbito contrahegemónico e implemento las políticas públicas de Memoria, que en ese entonces iban en contra de la corriente política mayoritaria.

El diseño institucional del IEM tiene la particularidad de ser a la vez autónomo políticamente y plural. Tienen representación en este instituto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Ciudad, las organizaciones de Derechos Humanos, y las personalidades reconocidas por su trayectoria histórica en la defensa de esta causa. El modelo del IEM es el del debate, el de la pluralidad de ideas. Y esto, como veremos más adelante, representa un aspecto central de la discusión que se nos propone mediante el expediente en tratamiento.

El propósito del IEM es muy claro: promover e implementar políticas de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se ha encargado de gestionar la recuperación de los Ex-CCDTyE, de recopilar documentación y pruebas referidas al Terrorismo de Estado, de realizar investigaciones y publicaciones, cursos y talleres, de promover actividades participativas para la transmisión de la Memoria sobre la historia del Terrorismo de Estado, etc.

Tras haber sido revocada la cesión del terreno de la Ex-ESMA a la Armada en el año 2004, el terreno volvió al dominio de la Ciudad de Buenos Aires. En esa ocasión, se acordó asentar allí el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Con posterioridad, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el convenio de Creación del Ente Público Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, refrendado por la Ley Nacional nº26.415 y la Ley de la Ciudad nº2.599. Sucintamente, dicho convenio establecía el modo en que se manejaría la Ex ESMA, estableciendo un gobierno tripartito del predio compuesto por un representante del Estado Nacional, uno del Estado de la Ciudad y un representante de las organizaciones de derechos humanos, que debían adoptar las decisiones de manera conjunta. El Estado de la Ciudad delegó su representación en el IEM.

Es así que mediante este acuerdo se distribuyeron las distintas áreas del predio entre el Estado Nacional, el IEM y los organismos de Derechos Humanos. En lo que aquí nos interesa, el IEM quedó a cargo de la tenencia de los siguientes edificios: 1) El ex Casino de Oficiales 2) el Pabellón Central (4 columnas), 3) la Enfermería, 4) la Imprenta. 5) el Taller Mecánico y 6) el Pabellón Coy.

Paralelamente, los restantes Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio de la Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser administrados por el Instituo Espacio para la Memoria (IEM). Tal es el caso, de los Ex-CCDTyE “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Olimpo” y “Virrey Ceballos”.

Desde esa fecha a la actualidad, el IEM se encontró a cargo de la tenencia, guarda y preservación de los Ex-CCDTyE mencionados, a la vez que impulsó políticas públicas de Memoria . Ello, es preciso destacar, siempre en el marco de la pluralidad de ideas y miradas sobre la Memoria, y de autonomía respecto a las gestiones de gobierno. A tal punto el IEM ha sido autónomo políticamente que ha sostenido su línea institucional durante las gestiones de gobierno de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri, aún con la permanente restricción presupuestaria al que lo sometió la actual administración de la Ciudad.

Ahora bien, a partir de un acuerdo formalizado entre el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el Cdor. Milton Jorge Capitanich, y la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal, se convino traspasar la totalidad de los Ex-CCDTyE  en manos del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la órbita del Estado Nacional. Curiosamente, y pese a la preferencia de ambos gobiernos por la exaltación de los actos de gobierno, mediante el uso y abuso de la cadena nacional, o el festejo rimbombante con bombos, platillos y globos, este acuerdo permaneció en el más absoluto secreto. Sólo tomó estado público gracias a los esfuerzos de los organismos de Derechos Humanos y de algunos sectores políticos que nos opusimos a ello.

Mediante este acuerdo la Ciudad de Buenos Aires transfirió al Estado Nacional la tenencia de la totalidad de los edificios de los Ex-CCDTyE que se encontraban en manos del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eran administrados por el IEM. No se aclaran cuáles fueron los motivos de semejante desprendimiento en desmedro de las políticas de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires. Como contrapartida, el Estado Nacional se encargaría de continuar con la construcción del “Museo del Terrorismo de Estado” en el Edificio 4 Columnas, y de realizar una propuesta museográfica para el Ex Casino de Oficiales, donde se emplazaría un Museo de Sitio.

 

A nuestro pesar, y exclusivamente por los votos del PRO y de la mayoría del interbloque kirchnerista, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el convenio mediante la Resolución 81/2014. Al día siguiente de su aprobación, este espacio político presentó un amparo para privar de efectos a la resolución legislativa, por inconstitucional. La acción fue presentada por los legisladores porteños Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Inés Gorbea, Hernán Arce, Javier Gentilini, Virginia González Gass, la miembro honoraria del IEM Alcira Argumedo, y la Diputada de la Ciudad (MC) Rocío Sánchez Andía, actual representante del interbloque UNEN en el Consejo Directivo del IEM.

Este convenio representa un acuerdo lesivo para los ciudadanos de Buenos Aires. Mediante un acuerdo de “toma y daca” entre la jurisdicción local y nacional, se arrancan del patrimonio histórico de la Ciudad los en manos Ex-CCDTyE, espacios centrales en la construcción de la memoria colectiva contra el Terrorismo de Estado.

No debe obviarse que la totalidad de los Ex-CCDTyE del país se encuentran en manos de los gobiernos provinciales, e inclusive municipales, como es el caso del Ex-CCDTyE Mansión Seré. ¿Por qué entonces se pretende sustraer a los Ex-CCDTyE del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires?

No hay dudas que mediante este convenio se está buscando desmantelar las políticas de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires. Se pretende barrer con el debate, la pluralidad de ideas y la autonomía que existía en el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, para imponer un modelo de acatamiento y discurso único.

En efecto, no puede escapar al tratamiento de este expediente, lo ocurrido en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la sesión del pasado 8 de mayo. Si bien se trata de una jurisdicción ajena a nuestro Congreso, mientras se aprobaba este convenio de transferencia, con los votos del PRO y de la mayoría del interbloque kirchnerista también se aprobó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Esto constituye la otra fase de la estrategia de eliminación de las políticas de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acallar la pluralidad y la autonomía del IEM y reafirmar la existencia un único discurso en materia de Memoria sobre la historia del Terrorismo de Estado.

El Gobierno Nacional ha pretendido erigirse como el dueño de la Memoria, Verdad y Justicia, y pretende imponerlo. Algunos sectores fielmente comprometidos con esta lucha, disidentes de muchos lineamientos del Gobierno Nacional han pronunciado públicamente reivindicaciones incompatibles con las pretensiones del Gobierno Nacional: Se exigió y continúa exigiendo la aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga, entre tantos otros; se rechazó la designación de César Milani como jefe del Ejercito, se levantó la voz frente la Ley Antiterrorista y a los avances de los cuerpos de inteligencia frente a la privacidad y las libertades individuales (Proyecto X, Base Naval Almirante  Zar, entre otros).

En particular, en cuanto se refiere al modo de utilización del predio de la Ex ESMA, el IEM y sus integrantes se han manifestado rotundamente en contra de las numerosas iniciativas del oficialismo que han pretendido banalizar la lucha por la memoria. Desde este espacio se ha afirmado reiteradamente que los Ex-CCDTyE deben ser lugares para incitar a la memoria y a la reflexión, con sumo respeto por las víctimas del Estado genocida.

Se alzó la voz frente a los actos que pretendían transformar la Ex Esma en un centro de eventos, en el que tocaron en vivo bandas de rock o se llevaron a cabo celebraciones, porque siguen existiendo denuncias de familiares y sobrevivientes sobre las posibilidades que aún permanezcan allí los restos de personas que sufrieron en su cuerpo la tortura y las más perversas vejaciones y que actualmente continúan desaparecidas.

Hoy el Estado Nacional pretende hacer de la Ex ESMA un espectáculo. En el Museo de Sitio que el Gobierno Nacional pretende montar en el ex Casino de Oficiales, tal cual se hizo saber públicamente, planea n desplegar tecnologías de luces y de placas proyectadas sobre las paredes al interior de las cuales fueron torturadas y asesinadas personas. Pretenden hacer un show de la memoria, y banalizarla.

La banalización de la memoria es una manera novedosa de desacreditarla, de quitarle importancia. La banalización de la memoria es una manera de olvido.

Lo indecible del horror del terrorismo de Estado significa que no es posible representar lo sucedido por medio de las palabras. El horror alcanzó dimensiones desconocidas que no pueden ser dichas. Los Ex-CCDTyE, al igual que los campos de concentración Nazis, fueron albergues de dimensiones de horror incomparables e irreproducibles. No es admisible intentar montar un espectáculo sobre un espacio donde reinó el horror. Nos oponemos a que se monte un espectáculo sobre los restos de las víctimas.

El gobierno nacional, mediante una mirada autorreferencial y soberbia, pretende acallar la pluralidad de voces para imponer su propia visión de la memoria. Se creen dueños de la lucha por la memoria.

Pero la Ex Esma y todos los Ex-CCDTyE no pertenecen a nadie. Pertenecen a la memoria colectiva del pueblo de la nación, y por ello resulta inadmisible y despreciable cualquier intento de apropiación al respecto. La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia no es de nadie, porque es de todos.

Es por eso que nos oponemos a la aprobación de este convenio. No se trata solamente de quien se encontrará a cargo de la administración de los Ex-CCDTyE, sino de una política de Memoria que se pretende imponer y de voces que se quieren acallar.

La Memoria, la Verdad y la Justicia son lo opuesto al discurso único y a la banalización del horror. La lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia pertenece únicamente al pueblo argentino, y desde el Estado se deben implementar políticas para que así sea, y que nunca más vuelvan a ocurrir los horrores que se vivieron en la Argentina como consecuencia del Terrorismo de Estado.

Por ello, observamos la orden del día en consideración.

 

OBSERVACIÓN A LA OD 33 – DIPUTADO LOUSTEAU

Los fundamentos que a continuación se exponen son observaciones a la O.D Nº 33 y ello como consecuencia que resulta insuficiente la política que se pretende llevar a cabo. Y es insuficiente porque no resuelve los problemas del sector energético y de todos aquellos productores que se encuentran ahogados por el sistema tributario del cual son sujetos pasivos.

  • PROBLEMÁTICA TRIBUTARIA  NO RESUELTA POR EL PROYECTO

Este proyecto en tratamiento, como dijimos, no sólo no resuelve las cuestiones impositivas conflictivas, sino que además no pone fin a una delegación de facultades tributarias en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Este proyecto propone la modificación del artículo 4º de la ley 23966 y 1º de la ley 26028. En el primer artículo de la ley 23966, actualmente se dispone un impuesto a la transferencia a título oneroso o gratuito, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, de los productos combustibles de origen nacional o importado. En el artículo 4º que es el que se modifica con este proyecto, el Poder Ejecutivo tiene facultades demasiado amplias que llevan al avasallamiento de las competencias del Congreso y con esto, del Poder Legislativo como institución y como Poder del Estado.

Si se hubiera querido lograr una transformación integral, productiva, y por sobre todo constitucional, debería haberse aprovechado la oportunidad de eliminar esta amplitud en las facultades del Poder Ejecutivo, que sólo lleva al limbo en el cual nos encontramos actualmente, ya que no hay una certidumbre respecto del tratamiento impositivo que corresponde a este tipo de transferencias de combustibles. Esta invalidez legislativa viene ya desde la ley 23966 sancionada en 1991, con estas facultades amplísimas que no hacen más que perjudicar el panorama del sector.

Y la incertidumbre no sólo se da como consecuencia de las amplias competencias que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse, sino que también juega un papel importante en esta incertidumbre, la disposición de plazos para las exenciones, para los gravámenes y para el tratamiento en general. No hay información suficiente para saber si estamos ante la garantía de la intangibilidad futura de los derechos y beneficios de los sectores comprometidos. El proyecto propone respecto de su primer artículo, modificar el artículo 4 de la ley 23966, ya mencionada y tener por satisfecho el pago de impuesto respecto del biodiesel al abonarse el impuesto sobre el gasoil, hasta el 31 de diciembre de 2015. La pregunta es ¿qué sucederá luego? ¿El Gobierno ha analizado las consecuencias de esta medida a corto plazo? La respuesta no surge del proyecto.

Lo mismo ocurre con la modificación al artículo 1 de la ley 26028, que grava la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro. Se pretende con este proyecto, la aplicabilidad de este impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015, y la exención para el biodiesel que fuera utilizado en la producción de energía eléctrica. Hay una incertidumbre total ocasionada por el vacío legal en que se encontraría el sector energético, luego del plazo mencionado.

Otro tema impositivo que debe tenerse presente y debe analizarse, se relaciona con el corte por el cual se establece la mezcla de gasoil con biodiesel que está regulado legalmente (que detallaremos más adelante) , ya que si se sigue permitiendo que este mecanismo carezca de control, estamos en presencia de una posible evasión impositiva por parte de las empresas que se encargan de establecer dicho corte, que significaría un costo fiscal enorme, que traería aparejado un perjuicio económico y social parala Argentina.Estono sólo no fue expuesto por el proyecto, sino que además, parecería que no hay intenciones de dar tratamiento a la cuestión.

Todo lo antedicho, que no es poco, se suma a lo que a continuación también expondremos respecto de la política en general relacionada a los biocombustibles y el impacto de ello en el medio ambiente.

  • PROBLEMÁTICA SOBRE BIOCOMBUSTIBLES NO RESUELTA POR EL PROYECTO. CUESTIÓN AMBIENTAL.

A través de este proyecto, analizamos políticas energéticas y otras relacionadas al medio ambiente; es decir, estamos analizando cómo ampliar los recursos energéticos renovables y también los biocombustibles que reducen la emisión de dióxido de carbono, y que como consecuencia de ello, ayudan a reducir el calentamiento global provocado por el cambio climático.

La producción de biocombustibles a partir de la soja, insume en primer lugar, un volumen significativo de fertilizantes. A ello hay que agregarle el costo de los combustibles fósiles que consume la maquinaria agrícola, tanto en la siembra como en la cosecha, más el traslado desde donde el biodiesel se produce, entre otras consideraciones. Sin embargo, al aprovechar la energía solar en el proceso de fotosíntesis, se logra una tasa de reemplazo de energía fósil (conocida como FER) positiva. Respecto de esta tasa FER, ella implica analizar el proceso por el cual a un combustible se le adiciona energía renovable para lograr como producto final el biocombustible propiamente dicho.

Pero, este proceso no es igual de provechoso en todos los casos donde está involucrado un biocombustible. Por ejemplo, el bioetanol de maíz está casi equilibrado en su composición, con lo cual el Congreso de Estados Unidos, decidió sacarles a los productores  de este combustible, el subsidio que tenían. En el caso de la soja, la cual es componente básico del biodiesel,  la tasa FER, en lugar de ser uno, como en el caso del bioetanol de maíz, es cerca de cinco. Esto surge de estudios realizados en Estados Unidos.

En el caso de la caña de azúcar es el doble, se estima que respecto de esta tasa para sociedades modernas, el rango oscila entre cinco y nueve. La soja o el biodiesel en Estados Unidos tiene una tasa FER de 5; pero en el caso dela Argentinano sabemos muy bien cuánto representa esta tasa, porque las tecnologías y los costos son distintos.

En nuestro país, existe un estudio sobre el tema en cuestión, realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este Instituto reconoció respecto de dichos estudios, que  “los resultados…fueron obtenidos a partir de supuestos” y que “es difícil estar seguro cuando se conduce un estudio general”. Sostiene entonces que resulta “imperativo realizar estudios reales de consumo de energía en plantas pequeñas, medianas y grandes de biodiesel y bioetanol en Argentina”, dado que los datos utilizados “fueron obtenidos de bibliografía y trabajos desarrollados en Europa y los EEUU, donde existe tecnología líder para la producción de biodiesel”[1].  Esto quiere decir que no existen datos fehacientes o certeros sobre este tema en nuestro país.

Cabe aclarar que existe un debate en torno a los biocombustibles, por un lado se destaca que éstos pueden favorecer el avance hacia objetivos de seguridad energética y de desarrollo sostenible. Sin embargo también se explicita que si no se toman determinados recaudos, en algunos casos y situaciones, los biocombustibles también pueden aumentar la presión sobre ecosistemas valiosos y ocasionar la pérdida de biodiversidad y de recursos hídricos, comprometer objetivos de seguridad alimentaria, aumentar la deforestación  y la pérdida de humedales, alterar la recarga de acuíferos, contribuir a la degradación de tierras, afectar la productividad agrícola y desplazar comunidades locales en aquellos lugares donde la tenencia de tierra es precaria.[2] Esta competencia entre alimentos versus biocombustibles ha llevado a que en la Unión Europea se haya establecido un millón toneladas métricas como tope máximo para la utilización de soja para producir biodiesel.

Es cierto que esta industria de los biocombustibles, creció enormemente en los últimos años, y creció por dos motivos:

1) Por el establecimiento del corte obligatorio que permitió la expansión de los productos locales. Este corte se determinó mediante la ley 26093 del 2006, que disponía que todo combustible líquido (gasoil o diésel oil) debía ser  mezclado con biodiesel en un 5 % como mínimo, medido sobre la cantidad total del producto final. Posteriormente, por resolución N° 1125/2013, de la Secretaría de Energía, de diciembre de 2013, se estableció que desde el 1° de febrero de 2014 el mínimo se aumentaría al 10%.

2) Comprender que el incentivo para el biocombustible no es el nivel de retenciones, sino que es el diferencial de retenciones con respecto al insumo básico, que es la soja. Las retenciones estimulan que se agregue valor a la materia prima, como consecuencia del derecho de exportación que se impone, y ante ello, se vuelcan los productores del sector, a la producción de un biocombustible como el biodiesel. Es precisamente por eso quela UniónEuropeaprocedió a acusar ala Argentinade llevar a cabo medidas basadas en dumping y esto porque nuestro país consigue en el mercado local la soja mucho más barata de la que utiliza el Bloque Europeo para producir biodiesel. Si el diferencial de alícuotas de derecho de exportación se reduce, esto generaría un desincentivo para la producción doméstica de biocombustible.

Todo esto requiere de un análisis más profundo e integral respecto de las políticas que se pretenden llevar a cabo. Es necesario que las exportaciones que se cerraron como consecuencia del diferendo por la cuestión YPF REPSOL, se reabran y se permita a los productores, que necesitan de medidas más idóneas, volver a introducirse en el mercado exterior.

  • NECESIDAD DE MEDIDAS DE LARGO PLAZO

Uno de los temas más relevantes y graves con respecto a este tema, tiene que ver con la nula implementación de medidas de largo plazo y con la carencia de estudios que permitan reconocer la trascendencia de las medidas que se proponen en el proyecto, o la necesidad de emprender otras políticas.

No se está resolviendo el ahogo del sector energético a través de estas medidas, no se está diseñando una política referente a los biocombustibles, y menos aún se está analizando el destino de la energía en nuestro país.

Es evidencia de todo lo que se está exponiendo, que el proyecto en tratamiento sólo contempla medidas a llevarse a cabo hasta el 31 de diciembre de 2015, sin importar, o por lo menos sin tratar, qué sucederá luego de esta fecha. Y esto es porque no existe una intención de mirar hacia el futuro y resolver el conflicto desde sus raíces. Este proyecto es un parche, un mero intento de “solucionar” parcialmente el problema, y convencer que así se logra dar una respuesta acabada al sector.

En ningún momento se puso a nuestra consideración una comparación de precios entre el gasoil importado que no tiene impuestos a la hora de la utilización y el biodiesel local con esta exención actual y aquella que se pretende. No se llega a comprender si es más barato; y si esto no es así, entonces no estaríamos avanzando, ni reemplazando nada. Esto implica que no queda claro si vamos a lograr algún tipo de ahorro con estas medidas, o si realmente se beneficia al sector energético.

Es claro que el Poder Ejecutivo no tiene en su agenda y no es su objetivo erradicar el conflicto que atañe a la materia energética, prueba de ello es el proyecto que se puso a nuestra consideración, por todos los fundamentos arriba expuestos.



[1] Donato, L.; Huerga, I & Hilbert, J.; “Energy balance of soybean-based biodiesel production in Argentina” (INTA, 2008)

[2] Centro de iDeAs –UNSAM: “Informe Final. Sostenibilidad de biocombustibles e indicadores GBEP: Un análisis de su relevancia y aplicabilidad en Argentina”, Documento de iDeAS N°11, Buenos Aires, Diciembre del 2012

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