La indiferencia del Gobierno ante el narcotráfico

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29 julio, 2014

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Llueve droga en el norte del país.” Ésta es tal vez la frase más escuchada de boca de los jueces federales, sean o no de esa región del país. Hasta fue pronunciada hace unos años por el doctor Carlos Fayt, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La otra frase habitualmente utilizada tanto por los magistrados como por los integrantes de las fuerzas de seguridad es “la lucha contra los narcos es un combate desigual”.

Esto no es nuevo y el crecimiento del narcotráfico en nuestro país ha alcanzado tal magnitud que se ha convertido en una de las peores tragedias en el presente y, lo que resulta más dramático aún, va a continuar siéndolo en el futuro.

 

En oportunidad de la última visita del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, decidimos consultarle acerca de los 22 cargos vacantes de jueces federales del norte del país, ya sea de primera o segunda instancia, correspondientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero, y cuya designación es reclamada desde hace tiempo ante las autoridades judiciales, a fin de poder dedicarse plenamente a la investigación de las denuncias sobre narcotráfico en esta zona clave, por la que, todos sabemos, ingresa al país la mayor cantidad de droga desde diversos orígenes.

 

Indigna y asusta la pasmosa serenidad y el completo desparpajo con que el jefe de Gabinete respondió a las preguntas realizadas por este diputado nacional, en nombre del Frente Amplio UNEN.

 

Ninguno de estos juzgados ha logrado resolver su vacancia. Las zonas más calientes del país, las más vulnerables en materia de narcotráfico, no encuentran respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Nada se ha hecho y esto es admitido fría y serenamente por Jorge Capitanich, gobernador en uso de licencia de una de las provincias críticas, cuyo Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia “aún no ha activado el procedimiento concursal tendiente a la cobertura del cargo”, de acuerdo con la lacónica respuesta de la Jefatura de Gabinete.

 

Ni la gravedad de la situación, ni el oscuro panorama a futuro, ni la expresa indicación de la Corte Suprema a fines de 2013, que reclamó al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y Seguridad la solución de la falta de estos magistrados, parecen ser motivo suficiente para que el gobierno nacional decida ocuparse y hacerse cargo de la suerte de la gran cantidad de ciudadanos argentinos que habitan en esa región del país y que son abandonados por un gobierno que los deja a merced de los narcotraficantes.

 

Una vez más, como ha venido ocurriendo durante “la década ganada”, el Gobierno recurre a la indiferencia, consecuencia lógica de la inoperancia, como una recurrente política de Estado.

 

Por Fernando Sánchez

Diputado Nacional

Coalición Cívica ARI – UNEN

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