Informe de Sesión 18 de mayo de 2016

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18 mayo, 2016

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134 Período Ordinario –6° Reunión-  5° Sesión de Tablas

III. EXPEDIENTES CONSIDERADOS / POSICION EN DICTAMENES/ VOTACIONES

  1. Pedido de Tratamiento sobre Tablas de los siguientes Expedientes: 2727-D-16, 2230-D-16, 2290-D-16 y 1910-D-16 (EXPRESAR REPUDIO POR EL GOLPE INSTITUCIONAL PERPETRADO EN LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL)

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_01_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

NEGATIVA: SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA /  AUSENTE: CARRIO

 

B –  Expediente 5280-D-15 – Orden del Día 67. Emprendimiento cultural Trombonanza, que se lleva a cabo en forma ininterrumpida desde el año 2000 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Declaración de interés nacional.

 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_02_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

AFIRMATIVA: SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA /  AUSENTE: CARRIO

 

C – Expediente 04-PE-16 (y otros). Protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, 1.930, suscripto en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 11 de junio de 2.014. Aprobación.

 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_03_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

AFIRMATIVA: SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA /  AUSENTE: CARRIO

 

D – Expediente 08-PE-16 – Orden del Día 23. Derecho de Acceso a la Información Pública. Dictamen de Mayoría.

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_04_R06.pdf

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

AFIRMATIVA: CARRIO, SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA.-

 

E – Expediente 09-PE-16 – Orden del Día 43. Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista. Dictamen de mayoría.

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_05_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

AFIRMATIVA: CARRIO, SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA.-

 

F – Expediente 07-S-16 – Orden del Día 109. Proyecto de Ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional. Dictamen de Mayoría.

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2016/134OT05_06_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE:

ABSTENCIÓN: SÁNCHEZ, MARTÍNEZ VILLADA, TERADA. / AUSENTE: CARRIO

 

 

  1. VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS :

http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/134-6.htm

 

  • INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA TERADA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Sra. Terada.- Señor presidente: hoy es un día muy importante porque estamos por dar sanción a este proyecto de ley de acceso a la información pública. Casualmente hoy, 18 de mayo, es el día de la escarapela. Es por eso que cada uno de nosotros está luciendo en su pecho este símbolo patrio.

Creo que no es menor el hecho de que hoy estemos por dar sanción a este derecho que tienen todos los ciudadanos de poder acceder a la información pública para participar en el control del manejo de la cosa pública y para mejorar el funcionamiento y la eficacia de los órganos de gobierno.

Ha sido la Corte la que ha establecido este derecho de acceso a la información cuando hizo lugar a una medida solicitada por la Asociación de los Derechos Civiles en relación con el hecho de que el PAMI diera a conocer cuánto de los dineros públicos gastaba en pauta publicitaria. Lo mismo ocurrió cuando el CIPEC solicitaba información respecto de la cantidad de planes sociales y el Estado nacional se negaba a darla.

El primer intento por sancionar una ley de acceso a la información pública data de 2001. El origen fue la Oficina Anticorrupción, que necesitaba acceder a esos datos. Ese proyecto luego ingresó al Congreso de la Nación y en 2002 fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero cuando pasó al Senado, lamentablemente se trabó y perdió estado parlamentario. En 2003, a través del decreto 1.172 el entonces presidente Néstor Kirchner dictó una suerte de reglamento en relación con el pedido de información pública pero solamente referido a la órbita del Poder Ejecutivo nacional, es decir, no lo hizo extensivo a los otros poderes del Estado.

Una diputada que me antecedió en el uso de la palabra dijo que esto tendría que hacerse extensivo a otras provincias. Quiero decir que en mi provincia, Chaco, el 28 de octubre de 2009 se aprobó la ley 6.431, que justamente se basó en un proyecto de la diputada Carrió de 2002, que juntó diez proyectos de distintos bloques legislativos y de esa forma se pudo aprobar por unanimidad la ley de acceso a la información pública en la provincia del Chaco.

Nos parece importante que el proyecto de ley que estamos por aprobar tenga un amplio espectro, es decir, que no solamente se refiera al Poder Ejecutivo sino que también se haga extensivo al Poder Legislativo y, fundamentalmente, al Poder Judicial, que siempre es reticente a dar información. Más allá de lo que se publique con respecto al trámite de los expedientes, el Poder Judicial es reticente a dar información cuando se le pregunta cómo se utilizan los fondos del Estado –porque en realidad son fondos públicos‑ en obras de infraestructura, mejoramiento o alquileres de instalaciones del Poder Judicial.

Nos parece importante que en esta norma no solamente se fijen las pautas acerca de qué tipo de información se puede dar y qué tipo de información debe ser restrictiva sino que también se establezcan responsabilidades, como la falta grave en el caso de aquel funcionario que no brinde la información adecuada o completamente o que obstaculice su obtención.

Espero que la sanción que seguramente lograremos hoy en esta Cámara de Diputados no tenga el mismo destino de los anteriores intentos que se hicieron en 2001, 2002 y 2010. En esos casos nuestra sanción murió en el Senado y no pudo prosperar para que los ciudadanos tengan esta herramienta fundamental para el ejercicio adecuado del control a los poderes del Estado. (Aplausos en las bancas.)

 

 

 

  • INTERVENCIONES DE LA DIPUTADA CARRIO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CUESTIÓN DE PRIVILEGIO:

Sra. Carrió.- Señor presidente: me referiré al artículo 7°.

Creo que tendremos un problema: la opacidad del Poder Judicial de la Nación. Por eso, además de proponer una modificación, plantearé una cuestión de privilegio contra el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti.

En primer lugar, pienso que es preciso dar una correcta interpretación constitucional a esta norma.

El acceso a la información pública tiene una fuente estrictamente constitucional, de modo que si esta ley no existiera, de igual forma todo funcionario estaría obligado a dar cuenta de sus actos públicos, salvo en casos de reserva de sumario en una investigación penal o de defensa.

En otras palabras, la ausencia de esta ley no releva a ningún funcionario de dar información pública. Si alguna duda queda, recuerdo que esto fue reglamentado con jerarquía constitucional a partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que ésta se encuentra contemplada en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna.

En 1997 se dictó la Ley de Ética Pública, que sometía a todos los poderes del Estado a la obligación de presentar sus declaraciones juradas. La Corte se opuso. Porque el Poder Judicial no estaba tocado por la necesidad de pagar impuesto a las ganancias, lo cual claramente es un privilegio, y de mostrar sus declaraciones juradas, situación que torna opaco al poder de la trasparencia.

¿Cómo es posible que nosotros no podamos acceder a la declaración jurada del presidente, de los miembros de la Corte y demás tribunales cuando ellos son la cabeza del Poder Judicial de la Nación? Como en los últimos años la Corte se ha arrogado funciones legislativas, en relación con lo cual en el período anterior ‑de esto se puede dar fe‑ planteé una cuestión de privilegio contra ella justamente por esto, creo que hay que agregar al final de este artículo que será causal de juicio político cualquier decisión judicial que vaya en contra de la presente ley. De otro modo, nos vamos a encontrar con una acordada que nos diga que todos debemos dar cuenta de todo, menos el Poder Judicial de la Nación.

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Carrió.- Con la autorización de la Presidencia, en este punto voy a plantear una cuestión de privilegio porque creo que se afectan las prerrogativas de las Cámaras a través de estas facultades legislativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además quiero plantear que durante estos diez años en que he pedido información acerca del Comité de Inversiones del Consejo de la Magistratura, manejado durante años por los señores Lorenzetti y Marchi, no he podido obtenerla. Sí la obtuve del señor De Vido, está todo lo del año 2004, aunque hay cosas que no sé… Pero hay bastante del señor Lázaro Báez.

Sin embargo, del Comité de Inversiones, y de las empresas de obras públicas que contrataron en ese comité, no hemos podido obtener información porque es el agujero negro que maneja el señor Lorenzetti, presidente de la Corte, en algunos casos en sociedad con el señor Zanini. Hasta he tenido que plantear de qué modo el presidente de la Corte alteró un documento público con motivo de la sanción del Consejo de la Magistratura.

En consecuencia, planteo esta cuestión de privilegio porque creo que tiene que ser resuelta alguna vez por la Comisión de Asuntos Constitucionales, aun sin ley, y que todos los jueces tienen el deber de información pública, en especial los de la Corte Suprema de Justicia, además porque tienen que dar cuenta de arrogarse permanentemente funciones judiciales.

Por los motivos expuestos, solicito que la cuestión pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sra. Carrió.- Señor presidente: en primer lugar, no hay ley de juicio político; las causales de juicio político están en la Constitución. En todo caso que aclaren lo que se entiende que es causal de juicio político, y pongan causal de mal desempeño. No hay ley que reglamente el juicio político pues lo que quise decir que será causal de juicio político en el sentido de mal desempeño. Se aclara como mal desempeño, salvo que quiera que el presidente de la Corte no informe.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sra. Carrió.- Señor presidente: no hay facultad de delegación en materia impositiva. Yo no voy a votar de esta manera. Esta es la línea que hemos seguido durante veinte años, y nos opusimos a la delegación de facultades durante todo el período kirchnerista. Lo único que lamento es que el diputado Kicillof se acuerde de esto ahora, ya que no lo recordó siendo ministro de Economía; pero, repito, yo no voto delegaciones.

  • INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SÁNCHEZ SOBRE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL

Sr. Sánchez.- Señor presidente: no solo en el debate de comisiones, sino desde hace varios años venimos diciendo que no tiene razón de ser la política de algún gobierno que no le preocupe los vaivenes del mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo se traduce en trabajadores, en sus derechos y en sus situaciones familiares.

Cuando nosotros vamos haciendo estas descripciones de lo que implican las cosas que muchas veces desde las leyes se tratan con términos fríos como “el mercado de trabajo”, “el empleador”, “el trabajador”, después hay que ponerle un poco de sangre. Lo que tenemos que solucionar acá desde la política –independientemente de que ayer éramos oposición y hoy oficialismo- es sentir lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros o lo que le puede suceder a cualquiera de nuestros compatriotas.

Está muy bien que la política reaccione frente a los vaivenes que se producen en el mercado de trabajo. La verdad es que nuestro gobierno ha decidido que no va a hacer ninguna de estas cosas: no va a ignorar un problema serio, sino que lo va a poner sobre la mesa para discutirlo y solucionarlo. Tampoco va a inventar situaciones que no existen. O sea que no va a hacer ninguna de las dos cosas. Digo esto porque cuando comenzó el debate de las comisiones intentamos discutir un paquete de medidas que pudieran ayudar no solo a sostener el empleo existente, sino a ampliar la base de puestos de trabajo y, por lo tanto, de trabajadores. Lo queríamos hacer en mejores condiciones, con gente registrada. Es decir, hablábamos de una economía dinamizada con todos los derechos de los trabajadores reconocidos. Fue en ese momento cuando se nos puso por delante la iniciativa de la doble indemnización y la prohibición de despidos o nada.

La verdad es que estamos cansados de escuchar lo que voy a comentar, pero vale la pena repetirlo una vez más: la situación del empleo en la Argentina de hoy -mayo de 2016- no es muy diferente a la de 2014. Por eso les pedíamos realizar un debate con todos los sectores: el sindical, los funcionarios del Poder Ejecutivo             –fundamentalmente del Ministerio de Trabajo-, con la multiplicidad de bloques parlamentarios de este Congreso y con quienes son generadores de puestos de trabajo. La idea era saber cuál era la real dimensión de un problema, porque nadie quiere esconderse si realmente existe. Lo que sí queremos hacer es direccionarlo bien.

Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los datos oficiales del SIPA de 2014, que nos indican que la situación laboral no es muy diferente a la de este año. Además, los problemas que son atendibles, como los de la construcción, no son muy distintos a los del año pasado cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Por eso me pregunto por qué los bloques de la oposición –hoy oposición y antes del oficialismo- rechazaban medidas como las que hoy están proponiendo como única salida.

¿Por qué los sectores sindicales que hasta ayer rechazaban este tipo de medidas, como la doble indemnización y la prohibición de despidos, por considerarlas contraproducentes, hoy las solicitan? Voy a reconocer la coherencia de algunos pocos, aunque no comparta su forma de pensar. No voy a hacer diferencia entre CGT y CTA, pero la mayoría de los dirigentes reconocía la ineficacia y la inutilidad de la sanción de una iniciativa como esta.

Las redes sociales sirven para mucho y seguramente habrán visto a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hablando en 2014 de los motivos por los cuales no quería que la norma vinculada con este tema fuera sancionada.

Siempre traigo a reflexión que en 2014 hubo movimientos en el mercado de trabajo. Ni se los puede comparar con los de 2001. Si hablamos de crisis laboral tenemos que hablar de la de 2001. Otra crisis laboral es la de España de hace unos años. Eso es crisis laboral y ola de despidos. Por eso no coincido con mi amiga, la señora diputada Ciciliani, en que es inútil discutir si hay ola de despidos o no, porque no es lo mismo una solución que la otra. Puede sonar un poco tétrico, pero ante una gripe uno no va a quimioterapia, porque los efectos colaterales pueden ser peores que la enfermedad que se sufre. Ya que se dan tantos ejemplos médicos, que este también sirva.

Durante el 2014 el ministro Tomada trajo un paquete de medidas. Se establecían políticas de esfuerzo fiscal. O sea que los argentinos íbamos a contribuir a reactivar la economía argentina y, fundamentalmente, incentivar la formalización y la creación de nuevos empleos focalizándolos en ese momento en las pymes. ¿Por qué? Porque son las que no tienen espalda para pasar los baches.

Si hoy estamos hablando de un bache, tenemos que fortalecer las pymes. Sin embargo, no hay baches en todos los sectores. Por eso queremos que se sepan qué sectores tienen baches y cuáles se están reactivando.

Otra buena noticia tiene que ver con el hecho de que a medida que transcurre el debate hay dirigentes sindicales que van efectuando distintos reconocimientos como el que acaba de realizar el señor diputado Roberti. Lo mismo ocurrió hace poco con el señor diputado Romero. Ellos han reconocido que en sus sectores no existen olas de despidos, pero por las dudas: “la doble indemnización”.

Resulta que la medida era mala cuando ustedes eran oficialistas. No estoy especulando con lo que piensa cada uno cuando está en el rol de oficialista u opositor. Ustedes dieron argumentos en su momento que nosotros compartimos siendo oposición. Nosotros no pedimos la doble indemnización. ¿Saben por qué? Porque nos dábamos cuenta de que era mala. Por eso ahora no decimos “no” en forma antojadiza, sino porque la política a aplicarse es mala. Lo dijeron ustedes en su momento. Ahora lo hacemos nosotros y también los sindicatos. Además, lo sostienen los que generan empleo. Entonces, ¿para qué?

Hablando de la crisis de 2009, cuando nos visitó el ministro Tomada dijo: “Lejos de dejar que actuara el mercado libremente –como se había hecho en otras oportunidades- o de buscar soluciones que sabíamos que no nos iban a arreglar el problema, tal el caso de la doble indemnización, optamos por evitar la ruptura del vínculo laboral.”

No me van a decir ahora que el ex ministro Tomada no sabe nada de empleo. Nosotros siempre dijimos que íbamos a fortalecer las pymes y acá tenemos una norma que no es solo de ustedes. También sostenemos que vamos a focalizar la política en los sectores más vulnerables, con un plan de obra pública para la construcción, porque hay sectores que sufren y están focalizados. Hay otros que sufren y son grandes y federalizados. También están los grandes y federalizados que por suerte, hasta ahora, no están sufriendo la crisis de empleo. Son datos oficiales. Si no me creen, que vengan los secretarios generales y nos digan si el trabajo cayó o no en su sector. Posiblemente por ello no hayan concurrido a la reunión plenaria de las comisiones. No quiero meterme en nimiedades.

La cuestión tiene que ver con saber cómo defendemos el dictamen del Frente para la Victoria. Es muy difícil, porque ustedes mismos dijeron en su momento por qué no se podía votar. Nosotros seguimos diciendo lo que siempre pensamos.

¿Cómo hacemos para sostener el dictamen del Frente Renovador? Es peor, porque se trata de algo así como un equilibrista que pierde el equilibrio. Además, es de una peligrosa especulación política, porque contiene lo malo del bloque del Frente para la Victoria que ha sido reconocido por todos, agregando algunos aspectos que podrían haber trabajado en forma responsable. También debo efectuar un reconocimiento a la señora diputada Camaño, porque creo que los efectos de equilibrista caído no tienen que ver con ella.

No nos olvidemos del REPRO ni de la actualización de la indemnización por despido. Dios quiera que podamos tener un 1 por ciento de desempleo, pero el seguro de desempleo hace años que está fijado en 400 pesos. Mañana han convocado al Consejo del Salario porque necesitamos actualizar el seguro de desempleo y no queremos puentear a ese organismo tan importante que trabaja y decide cosas importantes para el mundo del trabajo. Deseamos que esto se resuelva en el ámbito que debe ser.

¿Cómo hacen para decir que es constitucional y legal la reincorporación retroactiva que está establecida como derecho y no como deseo? ¿Quién quiere que forme parte de un deseo un despido? Que alguien del Frente Renovador me diga cómo sostienen esto, a menos que quieran mandar al matadero legal a esos trabajadores incentivados por un dictamen que no se puede sostener desde lo legal. La verdad es que ese punto es una farsa; no hay que mentir a los trabajadores.

El déficit fiscal es grande, por eso no queremos a Papá Noel. Cada vez que discutimos un avance –no un regalo ni una ofrenda- queremos hacerlo por consenso, como lo hicimos con leyes anteriores; pero también hay que cuidar el déficit fiscal. Era muy fácil regalar la plata que no había y que era nuestra; y después vino el tema de la inflación. Nosotros no nos damos vuelta como si nada. Desde el principio dijimos que no vamos apoyar lo que creemos que no sirve y que es malo para la generación de empleo. Frente a un trabajador, la contraparte legal de un trabajador, no es un empresario sino un empleador, a menos que se crea que un kiosco de cinco empleados constituye un núcleo empresario. Entonces, hay que correr la cuestión de sensibilidad de clases, porque lo que estamos tratando de defender es el empleo de la Argentina y de los argentinos.

Por eso, como desde el primer día, sin cambiar figuritas, sin mentir a los trabajadores y proponiendo políticas concretas y positivas, insistiremos, después de sostener nuestra palabra de que no vamos a mentir a los trabajadores, en el sentido de que no acompañaremos el dictamen de mayoría ni los otros. Queremos decir a los trabajadores que vamos a dinamizar la economía argentina, a avanzar, a pasar el bache, y lo haremos con total honestidad, no con mentiras ni con equilibristas caídos en la calle. (Aplausos en las bancas.)

 

 

 

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