Elisa Carrió y Fernando Sánchez se presentaron esta mañana ante la Justicia para solicitar que se investiguen el manejo del presupuesto de la Procuración y las operaciones inmobiliarias de Gils Carbó y aportaron nuevos elementos de prueba

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11 mayo, 2017

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Los diputados nacionales por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió y Fernando Sánchez, se presentaron esta mañana ante la Justicia para solicitar que se investiguen las operaciones inmobiliarias por parte de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y también pidieron que se revise el manejo del presupuesto de la Procuración. Los legisladores aportaron, en su presentación, nuevos elementos de prueba para la causa.

Carrió y Sánchez requieren en el escrito presentado que “en el marco de la causa en la que se investiga la conducta de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, se investiguen los hechos que se exponen en la presente denuncia, los que podrían configurar delitos”. El juez a cargo de la causa es Rodolfo Cresseri y la presentación forma parte de la causa iniciada luego de una denuncia del fiscal José María Campagnoli.

Los diputados nacionales piden que se investiguen las compras y locaciones realizadas por la Procuración, en particular en el caso de las siguientes operaciones: la adquisición del inmueble ubicado en Corrientes 1615. (licitación pública 7/2015); la compra del mobiliario sito en Corrientes 1615, P.G. y 7° piso; la Addenda del contrato de locación celebrado con VBR Group S.A. firmada con fecha 17 de diciembre 2015 (permitió que a fines del año 2015 se realizara una transferencia hacia la Cuenta Corriente radicada en el Banco de la Nación Argentina del importe de $ 11.067.863,29 a favor del Ministerio Público Fiscal referido a diecinueve órdenes de compra, que corresponderían a trece expedientes de dicho organismo. La citada transferencia fue autorizada por la Procuración General de la Nación, hecho que permitió, de manera excepcional y en contravención con la normativa vigente, aplicar fondos y efectuar pagos en el marco del presupuesto 2015, respecto de ejercicios futuros, es decir pagando gastos comprometidos pero no devengados en el 2015, lo que contrapone lo prescripto por la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional); la adquisición de un inmueble con destino a la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF) y la locación del edificio ubicado en Perú 143.

En su presentación, Carrió y Sánchez insisten en que se investiguen estas maniobras dado que “nos encontramos ante operaciones que podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la ley 24.156”.  “Los hechos reseñados de manera precedente, podrían configurarse dentro de la misma matriz que se investiga en la presente, ya que nos encontramos ante gastos vinculados con cuantiosas operaciones mobiliarias e inmobiliarias que se realizaron de manera irregular y sin observar, como mínimo, los principios de economía, eficiencia y eficacia en el ejercicio presupuestario, circunstancia que debe ser investigada, a los fines de establecer o deslindar responsabilidades2, agregan los legisladores de CC ARI.

Todos estos hechos de prueba aportados a la causa por Carrió y Sánchez van a ser agregados al pedido de juicio político a Gils Carbó presentado en 2013 y ampliado en 2016 en la Cámara de Diputados de la Nación.

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