Elisa Carrió y Fernanda Reyes denunciarán penalmente a Gioja y a Barrick Gold por el derrame de cianuro en San Juan. También pedirán el juicio político del Gobernador. “A Gioja y a Barrick Gold no les importa la salud de los sanjuaninos”, aseguraron

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25 septiembre, 2015

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La diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió y Fernanda Reyes denunciarán penalmente  al Gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja y a Barrick Gold por el derrame de cianuro en la mina Veladero de aquella provincia. La CC ARI pedirá, también, la interpelación a los Secretarios de Ambiente, Sergio Gustavo Lorusso, de Minería, Jorge Mayoral, y al Subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Bertolucci, para que concurran a la Cámara de Diputados de la Nación a brindar explicaciones acerca de la intervención de las carteras a su cargo. “A Gioja y a Barrick Gold no les importa la salud de los sanjuaninos. El Gobernador no solo entregó los recursos naturales de la provincia a la Barrick, sino que también lo hizo con el agua y la salud de miles de argentinos”, afirmaron.

“Estamos ante una tragedia anunciada que cuenta con la complicidad del Poder Ejecutivo Nacional y el Gobernador de la provincia”, sostuvo Carrió.

 

“Ya en 2007, cuando viajamos a Jachal, las “madres jachaleras” nos contaban que el Gobernador las trataba de locas por oponerse a la explotación y defender el lugar donde viven”, recordó la diputada de la CC ARI. “Fueron perseguidas por el Gobierno Provincial, junto a otros vecinos, por advertir acerca de la catástrofe ambiental que finalmente ocurrió”, agregó.

 

Por su parte, Fernanda Reyes narró que “la empresa informó cinco horas después de producido el derrame con agua cianurada y desconocían exactamente su magnitud”. “¿De qué tecnología de punta hablan si no pueden tener ese mínimo control? Informaron que habían sido quince mil litros y unos días después confirmaron que fue un millón. Se burlan de todos nosotros y el gobernador los encubre, es cómplice de esta catástrofe”, agregó.

 

“Denunciaremos a Barrick Gold por violación a la ley de residuos peligrosos, puntualmente, para que se investigue a la empresa por envenenamiento del agua (artículos 55 y 56 de la Ley de Residuos Peligrosos). Esta norma prevé penas de hasta 25 años de prisión en el caso de que la contaminación provoque la muerte de una persona. Dado que estaríamos frente a la modalidad culposa, hablamos de penas de hasta dos años de prisión”, explicó la dirigente de la CCARI.

 

“También vamos a denunciar a las autoridades del Gobierno provincial, por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, confirmó.

 

“Y pediremos el juicio político a Gioja por poner en riesgo a la salud de la población de Jáchal y los pueblos que se abastecen de las aguas del río afectado”, informó Reyes.  

 

“Queremos que  las autoridades nacionales brinden explicaciones, tanto el Secretario de Ambiente y el de Minería, cómo también el de Recursos Hídricos. Debemos saber los efectos del derrame sobre toda la Cuenca del Desaguadero, a la que pertenecen los ríos afectados, tanto en las aguas superficiales, como en los acuíferos, así como también el resto de los efectos ambientales.”, sostuvo. 

 

“Voy a viajar la semana próxima para presentar esta denuncia ante la Justicia Federal en San Juan y el pedido juicio político contra el Gobernador de la provincia”, relató Reyes. “Nos vamos a reunir con los vecinos para ver en qué podemos colaborar y acercarles todo nuestro apoyo”, concluyó la dirigente.

 

 

 

Fragmentos del pedido de interpelación a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

 

“Es importante resaltar que el cianuro es considerado un residuo peligroso, en tanto su mero contacto con el ambiente puede causar daños irreversibles a seres vivos y contaminar el suelo, el agua y la atmósfera. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico, a través de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, establece estrictas medidas de seguridad para el manejo de éste elemento, contemplando un régimen penal en el caso de que no se le dé un uso adecuado ó derrame del mismo, estas penas privativas de la libertad van desde un mes de prisión, hasta 25 años de reclusión, en el caso de que ocasione la muerte de un ser humano”, señala en sus fundamentos el pedido de interpelación que presentó la CC ARI.

 

“La reforma constitucional de 1994 introdujo además un cambio sistémico: la protección ambiental es un mandato dirigido a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto, una competencia hasta entonces reservada a las provincias se transforma en una competencia concurrente de los Municipios, las Provincias y la Nación”, sostiene Carrió en su proyecto.

 

“La Corte Suprema de Justicia, en el caso “MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios”, dispuso que en los casos en que hubiera contaminación ambiental por una inactividad u omisión del Estado ”la responsabilidad es atribuible a éste por no  actuar en ejercicio imperativo del poder de policía entendido como una “potestad pública” propia del estado de derecho tendiente a la protección de la vida e integridad física y patrimonial de los particulares”, agrega la iniciativa de la CC ARI.

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