DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA – LEY 12927 -. MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEROGANDO FACULTADES DELEGADAS AL PODER EJECUTIVO

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22 marzo, 2017

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FIRMANTES: TERADA, ALICIA; MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; VERA GONZALEZ, ORIETA CECILIA Leer más

El Senado y Cámara de Diputados…

 

ARTICULO 1° – Derogase el segundo párrafo del art. 1 de la Ley 12.927.-
ARTICULO 2° : Sustitúyase el art. 3 de la Ley 12.927, el que quedará redactado de la siguiente manera: La Dirección General del Impuesto a los Réditos y la Administración General de Impuestos Internos, mantendrán su estructuración actual ” la modificación de estructuración y a hacer extensiva a los impuestos que recauda la Administración General de Impuestos Internos, las disposiciones de la Ley N° 11.683 (texto nuevo) en cuanto tiendan a asegurar una mejor aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes deberá ser establecida por Ley , con iniciativa exclusiva de la Cámara de Diputados .
ARTICULO 3º – Derogase el art. 4º de la Ley 12.927.-
ARTICULO 4° – Derogase el art. 6º de la ley 12.927.-
ARTICULO 5° – Derogase el art. 8º de la ley 12.927.-
ARTICULO 6° – Derogase el art. 9º de la ley 12.927.-
ARTICULO 7° – Derogase el art. 10 de la ley 12.927.-
ARTICULO 8º – De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

 

El presente proyecto reproduce los expedientes Nº 1923-D-2012 y 0165-D-2015, de mi autoría, sin tratamiento en la Cámara de Diputados y tiene como fin cumplir con lo establecido en el Art. 76 de nuestra Constitución Nacional, así como también lo pautado en la Cláusula Transitoria Octava.
A lo largo de nuestra historia institucional -y particularmente durante el siglo XX- se presentaron situaciones en las cuales el Congreso, por medio de la aprobación de leyes en sentido formal, delegaba al Poder Ejecutivo el dictado de normas relativas a materias que, conforme a nuestra Constitución, son exclusivas del Poder Legislativo. La omisión de una cláusula constitucional o normativa que se refiriera expresamente a este tipo de situaciones jurídicas motivó la intervención y pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de los conflictos suscitados en torno a las normas dictadas por el PEN en ejercicio de las facultadas delegadas.
Finalmente, en el año 1994, luego de un intenso debate acerca de la facultad del Poder Legislativo de delegar facultades que le son propias al Poder Ejecutivo, se arribó a la incorporación del Art 76 y del Art. 99 inc. 3, los que deben ser interpretados armónicamente en conjunción con toda la Constitución Nacional.
El actual Art. 76 de la CN sostiene que:” Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.”.
Por otra parte, el Art. 99 inc. 3, en relación a las atribuciones de la Presidencia de la Nación, afirma que: “3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
La reforma constitucional introdujo un principio general prohibitivo: en efecto, se establece como regla general la prohibición de delegación al Poder Ejecutivo sobre materias que constituyen la zona de reserva legal que le corresponde al Poder Legislativo.
A este Art. 76, los constituyentes le adicionaron la Cláusula Transitoria Octava, la cual afirma que “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”, es decir que se “determinó la sanción de caducidad por imperio constitucional de todas las Leyes delegantes y delegadas a los cinco años, salvo que Ley por Ley el Congreso ratificara adecuándola al Artículo 76.”
Esto significó que toda ley que delegara facultades propias del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, sancionada posteriormente a la Reforma Constitucional de 1994, debe cumplir con determinadas condiciones para su validez y legitimidad.
En el año 1999, el Congreso tomo conciencia que varias leyes caducarían y ante la falta de tiempo y estudio, se decidió sancionar la Ley 25.148 que en su Art. 3 dispuso: “Apruébese la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Ante el vencimiento del plazo de tres años por el que había sido dictado la Ley 25.148 y sin resolver la cuestión de fondo, el Congreso determinó establecer otra prórroga por medio de la Ley 25.645, también sin saldar la problemática.
Una vez vencido el plazo establecido por la normativa 25.645, se sancionó la Ley 25.918, luego la 26.135 del año 2006 y, finalmente, el 24 de Agosto de 2009, la Ley 26.519.
El Art. 1 de la Ley 26.519 estableció: “Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratificase en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento, el titular del Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la Ley 26.122. En cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa, determinando número de ley y artículo.”
Aquí surgió la duda acerca de qué ocurre con aquellas leyes previas a la Reforma Constitucional que no cumplen con os requisitos expuestos en el citado Art. La
respuesta se basa en la lectura de la Cláusula Octava, es decir la normativa ha caducado.
Es decir que conforme la ley 26.519, las normas que deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional y que no cumplan con los requisitos establecidos en el art. 1 de dicha Ley para estar incluidas en la ratificación, ya han caducado.”
Respecto de la Ley 12.927 en particular, debemos analizarla a la luz de los Arts. 4, 52 y 75 de la Constitución Nacional, los que determinan que es facultad del Congreso de la Nación legislar sobre contribuciones impositivas y por ende, sobre el órgano encargado de la fiscalización, control y recaudación de los mismos.-
Por ello, el proyecto de ley propone la derogación de los arts., 1, 4, 6, 8, 9 y 10 y la modificación del art. 3, por el que se retoma la facultad del Congreso de la Nación, ya que en la ley 12.927 esa atribución es delegada en el Poder Ejecutivo.-
Es por los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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