Carrió, Terada y Flores ampliaron denuncia contra Cristina Kirchner, De Vido y otros funcionarios por el vaciamiento de YPF

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17 abril, 2012

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Las diputadas Nacionales Elisa Carrió y Alicia Terada (Coalición Cívica ARI) junto al dirigente social Toty Flores, se presentaron hoy ante el Juez Federal Ariel Lijo para ampliar las denuncias presentadas desde el año 2006, para que  se investigue a la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, y al Viceministro de Economía, Axel Kicillof, por el vaciamiento de YPF.

Los dirigentes pidieron que se investigue a todo otro funcionario que hubiera “avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas a las que haremos referencia, tal como los Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros; en las maniobras ya denunciadas de “vaciamiento” que se han provocado de la empresa YPF S.A., mediante su descapitalización, así como en las conductas “depredatorias” en perjuicio de las reservas de gas y petróleo”.

En la denuncia se advierte que en los propios fundamentos del proyecto de ley que dispone la expropiación del 51% de la empresa petrolera, así como en los considerandos del proyecto de DNU que interviene la misma, se consignan hechos que dan cuenta del “conocimiento cierto que tienen y han tenido la mandataria y los funcionarios competentes del más alto rango, de la grave situación en la que se sumiera a YPF S.A. en estos últimos años, bajo el propio gobierno del matrimonio Kirchner”.

“Insistimos en preguntarnos por qué motivos el Estado no ha tomado intervención mucho antes, cuando pudieron haberse evitado muchas de las consecuencias nefastas del accionar orquestado por REPSOL, que  terminaron con el vaciamiento de la petrolera”, señalaron y agregaron: “La respuesta surge como evidente: los funcionarios mencionados, a pesar de conocer las distintas maniobras realizadas por la empresa, las avalaron o al menos, “dejaron hacer”; al no utilizar la Acción de Oro que está en sus manos, el Director que debía representar los intereses del Estado –salvo el último- suscribió siempre de acuerdo, los balances de la empresa.

Es decir, “hoy vuelve a pasar aquello que ocurriera cuando la venta del 25% de la acciones al Grupo Petersen de los Eskenazi, durante el gobierno de Néstor Kirchner: con el mismo doble discurso de la década del 90, lo que se pretende presentar como una “nacionalización” de la empresa, no es más que otra acción del gobierno –esta vez de Cristina Fernández de Kirchner- que en definitiva -más allá de la “pelea” por el precio de las acciones-, termina beneficiando a Repsol –para quien YPF S.A. ha dejado de resultar rentable como negocio financiero-, y perjudica a los intereses de la Nación, en tanto se ha permitido, escandalosamente, la descapitalización y el saqueo de las reservas de la petrolera, sin haber tomado medida alguna para impedirlo y sin sancionar a los responsables. En definitiva, otorgándole impunidad a la empresa expropiada”.

El reconocimiento del actual déficit energético de Argentina, y  del accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos, no se erige a estas alturas como un fundamento o causa de un acto de gobierno, sino más bien como “una “confesión” de las propias violaciones a los deberes de funcionario público, y hasta de eventuales participaciones en los ilícitos señalados, en los distintos grados que V.Sa. deberá determinar”, continúa diciendo la denuncia.

“Huelga realizar otra consideración, cuando la propia Jefa del Poder Ejecutiva Nacional, y los funcionarios firmantes, están confirmando con sus propios actos, el alto nivel de conocimiento que ostentan de la grave situación, que por otro lado, han convalidado hasta la fecha”, escribieron Carrió, Terada y Flores.

Por ello, “resulta necesario determinar en la causa penal, si no ha habido por parte de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido, y el resto de los funcionarios que sucesivamente han ocupado cargos claves de decisión y control, participación o una conducta constitutiva de encubrimiento de los crímenes que aquí se investigan; por no haberlos denunciados ni haber actuado a tiempo para impedirlos o para que cese la comisión de los mismos. Estamos hablando de nueve años ininterrumpidos de estar a cargo del Gobierno de la Nación”, concluyeron.

AMPLIACION DE DENUNCIA

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