132 Período Ordinario –Sesión Especial – Reunion 6°

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22 mayo, 2014

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132 Período Ordinario –Sesión Especial – Reunion 6°

 

1. FECHA: 21 DE MAYO DE 2014

2. HORA DE INICIO/ FINALIZACIÓN: 10.47HS / 23.22HS

3. EXPEDIENTES CONSIDERADOS:

A – De ley. Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral (0017-S-2014). (OD 104)

B -De ley. Por el cual se modifican los artículos 5 del capítulo 2, y 8 del capítulo 4, del Anexo II Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales al Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, sobre sanciones y obstrucción, respectivamente. (0016-S-2014) (OD 105).

4. POSICIÓN DEL INTERBLOQUE EN DICTAMENES:

A – LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL:

DICTAMEN DE MINORÍA DEL DIPUTADO SÁNCHEZ EN OD 104 – Pag 21

 

5 .VOTACIÓNES NOMINALES:

A – LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE04_01_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE en GENERAL:

AFIRMATIVO: CARRIÓ, JAVKIN, CARRIZO, SANCHEZ Y LOUSTEAU

ABSTENCIÓN: ARGUMEDO

B – MODIFICACIONES AL REGIMEN GENERAL DE SANCIONES POR INFRACCIONES LABORALES http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2014/132OE04_02_R06.pdf

 

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE: AFIRMATIVA (TODOS)

 

6. VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS : http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/132-6.htm


DIP SANCHEZ – INFORMANTE Y DISCUSIÓN EN PARTICULAR

DIP LOUSTEAU – DISCUSIÓN EN GENERAL

 

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SANCHEZ – INFORMANTE DE SU DICTAMEN

 

Sr. Sánchez.- Señora presidenta: hoy estamos discutiendo e intentando sancionar definitivamente dos proyectos de ley que tienen como objeto declarado la promoción y el sostenimiento del trabajo registrado en la República Argentina.

Sin embargo, dentro de los fundamentos planteados por los miembros informantes de la mayoría y de la exposición de motivos de los proyectos venidos en revisión del Honorable Senado no se reconoce algo muy importante: la situación en la que vivimos.

En primer término, voy a hablar sobre el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 105, que es probablemente uno de los más simples en términos de discusión, si bien uno podría compartir con algunas observaciones respecto de si es bueno o malo aumentar la capacidad sancionatoria o si se pierde o no la capacidad disuasoria para que los empleadores terminen cumpliendo con las leyes laborales. A partir de la búsqueda y el establecimiento de una fórmula de actualización automática, esta iniciativa reconoce que en la Argentina vivimos una situación de inflación elevada. Eso es lo que está sucediendo.

El régimen anterior establecía multas en pesos; por ejemplo, para la menor de las sanciones se fijaba una multa entre 80 y 200 pesos. Todo el mundo sabe que con el correr del tiempo y una inflación del 30 por ciento o más en la Argentina esa sanción terminaría significando nada, y por tanto, el empleador con intenciones de no cumplir las leyes laborales termina conviniéndole el pago de la multa al cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, nos parece bien buscar un criterio de actualización automática, reconociendo la realidad de la inflación.

Desde el interbloque UNEN adelantamos nuestro voto positivo al Orden del Día N° 105, más allá de ciertas dudas respecto del alza de algunas sanciones.

Respecto del Orden del Día N° 104, es un proyecto más complejo que se basa en tres pilares; voy a empezar describiendo los dos pilares con los que no estamos de acuerdo, para después hablar del que sí estamos de acuerdo, que básicamente lo hemos convertido en dictamen de minoría e inclusive planteamos modificaciones que fueron receptadas por el señor diputado Recalde, miembro informante y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Antes de la discusión del proyecto en comisión las teníamos como preguntas y hoy consideramos que debemos plantearlas como modificaciones.

Vamos a comenzar hablando de las facultades que el proyecto otorga al Estado nacional en detrimento de las facultades exclusivas que la Constitución Nacional asigna a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tanto en el debate en el Senado como en comisión en la Cámara de Diputados, oficialistas, opositores y el ministro Tomada reconocieron que el poder de policía, la capacidad inspectiva de la política de trabajo, pertenece constitucionalmente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahí todo bien; lo que no entendemos es cómo a partir de ese consenso general y unánime terminamos designando al Ministerio de Trabajo, por el artículo 36 de este proyecto, como autoridad de aplicación del sistema integral de inspecciones del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio de la Nación, quien ejercerá las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral.

Es decir que ese artículo tira por tierra el consenso general que toda la política y la representación tiene respecto de un derecho constitucional dado a las provincias. Nosotros no creemos que tenemos que acompañar este aspecto.

El ministro Tomada se justificaba diciendo que había un consenso de las provincias en el Consejo Federal del Trabajo de otorgar al Estado nacional y al Ministerio de Trabajo esta capacidad inspectiva. También habló de las bondades de pasar a tener 400 inspectores. La pregunta es por qué el Estado nacional requiere de mayor cantidad de inspectores si es que en realidad las provincias están llevando hipotéticamente bien su trabajo, y en el caso de que así no lo hicieran, el Consejo del Trabajo será el encargado de decir cuáles son los gobernadores que no cumplen en lo mínimo o en lo máximo con los objetivos establecidos en las leyes del trabajo.

Un miembro informante del oficialismo hablaba de que en algunas provincias había trabajo esclavo, trata de personas y trabajo infantil. ¿No es el Consejo Federal del Trabajo uno de los organismos encargados de decirnos a toda la Nación, y sobre todo a los diputados y senadores nacionales, para que podamos decidir sobre estos proyectos, quiénes están luchando contra el trabajo no registrado, informal, contra la precarización laboral, y lo que es peor, contra el trabajo infantil, la trata de personas y la reducción a servidumbre? ¿No son el ministro y el Consejo Federal?

¿No sería bueno separar gobernadores y administraciones que cumplen de los que no lo hacen? Yo creo que sí. Me parece que esta es la verdadera función del Consejo Federal, no es violar la Constitución por consenso general.

Entonces, nosotros no vamos a acompañar el título en el que el Ministerio de Trabajo se convierte en autoridad federal del ejercicio de las atribuciones de las provincias y de la Ciudad.

El segundo es el registro de empleadores que violan las leyes laborales y la aplicación de sanciones. Esta discusión se da reconociendo otra realidad. Así como dije que el primer proyecto reconocía la inflación, este proyecto lo que hace es reconocer que el mercado laboral en la Argentina ya no está sólo estancado sino que dejó de crecer, como lo hizo de 2004 a 2008 y de 2008 a 2013 con leves bajas pero en crecimiento, y hasta va en detrimento de las fuentes de trabajo.

También hay que reconocer -no escuché que lo dijera el miembro informante del oficialismo porque hay que saber en qué contexto estamos proponiendo la norma y con qué objetivo real- que el mercado de trabajo en la Argentina desde fines del año pasado hasta el presente está sustentado en la expansión del empleo público para que la estadística no reconozca una baja en los puestos del trabajo.

El ministro Tomada dijo que no tiene nada de malo por sí que el empleo público aumente o disminuya. Coincido con esto, señora presidenta, pero tenemos que explicar para qué se está expandiendo el empleo público y por qué razón en el sector privado no ha crecido ni un solo puesto de trabajo. Tenemos que decirlo, porque lo que tenemos que buscar es una solución a lo que todos queremos, que es crear puestos de trabajo formalizados y con buenas condiciones de empleo. No debe haber trabajo precarizado y fuera de la ley.

A mí y a nuestro bloque la sanciones nos encantan; beneficios para el cumplidor y sanciones para el incumplidor. Lo que no dijeron los miembros informantes de la mayoría es que las sanciones para las violaciones de las leyes laborales ya existen. De hecho en el primer proyecto al que hice alusión ya existen las sanciones. ¿Para qué establecer más sanciones y crear un registro sobre todo teniendo en cuenta que este proyecto está vinculado a la promoción del empleo en blanco o registrado para las empresas con menos de 80 trabajadores en forma transitoria y entre 5 y 7 trabajadores en forma permanente?

Todos sabemos que una empresa de 5 o 7 empleados en una economía estancada, lo primero que hace es verificar cómo sostiene la ecuación económica de sustentabilidad de la empresa. No crea, señora presidenta, que yo estoy defendiendo que esos empresarios que tienen 2 u 80 empleados cierren su ecuación económica pasando a sus empleados en negro o a la informalidad. No defiendo esto para nada. Pero hay que reconocer la realidad.

Quiero preguntar a los miembros informantes cómo creemos que podemos ayudar con más sanciones y más registros a que una empresa de 5 empleados sostenga trabajadores y además lo haga en blanco.

Yo le dije al ministro que creo con ese aspecto del proyecto ‑si se aumenta la inspección y la presión inspectiva, sobre todo las microempresas‑, lo que puede hacer es terminar cumpliendo la ley que sería deseable. Pero el resultado de eso es que no van a decidir por el sostenimiento del empleo sino por el desempleo. Para que cierre la ecuación económica y no sufrir sanciones terminarán desvinculando empleados.

Yo no creo que ese sea el objetivo que se traza en este proyecto de ley ni en ninguno de los otros proyectos que tendríamos que estar discutiendo, porque no solamente estamos discutiendo el trabajo registrado sino el sostenimiento del trabajo.

Queremos hablar de lo que creemos que es beneficioso de este proyecto de ley. Adelanto nuestra votación afirmativa en general y nuestras consideraciones en particular, donde votaremos en forma negativa o nos abstendremos.

Creemos que el Estado argentino tiene que ayudar a las micro y pequeñas empresas al sostenimiento del trabajo.

Yo coincido con lo que decía el señor diputado Recalde en el sentido de que este proyecto de ley no está destinado a crear empleo. No estamos ante la teoría de los años 90 donde la hipótesis que se sostenía era que aplicando menos impuestos al trabajo para todos, los grandes, medianos y pequeños, iban a crear condiciones de generación de empleo. Yo no creo que sea así. Por eso le contesto a algún diputado preopinante. Cuando se dice que este proyecto es para los de afuera y para los grandes, les recuerdo que habla de empresas que tienen desde cinco empleados hasta ochenta. Entonces, ¿de qué grandes empresas estamos hablando? Es muy diferente a lo que pasó en los años 90.

Sí creo que hay un criterio de incentivo, y esto sirve para las dos cuestiones que creo que debemos sostener con una ley de este tipo. La primera es ayudar a que no aumente el desempleo, porque la ecuación económica en todas las empresas se tiene que lograr; si no, la consecuencia es que la empresa cierra o quiebra. Entonces, con esta ayuda ‑que es prácticamente un subsidio‑ estamos librándolas de alguna carga sin que los trabajadores pierdan derechos previsionales ni laborales. Me parece que hay decirlo como es, porque eso es lo que estamos queriendo lograr.

La segunda cuestión, señora presidenta, es que se mantenga o se aumente la formalidad, y me parece que sí lo podemos lograr con esta norma.

Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa sobre todo por este último punto, porque nos parece que todos los demás son desacertados en el tiempo. El señor ministro Tomada dijo que el tiempo de la discusión de la formalización del trabajo es siempre, y yo también creo eso, pero considero que algunos planteos son desacertados y desafortunados en el tiempo. El registro y las mayores presiones son desacertados en el tiempo porque el mercado de trabajo en la Argentina se estancó, y la violación de la Constituciónes desacertada en todo tiempo.

Lo que sí vamos a proponer durante el tratamiento en particular –porque así lo hacemos en nuestro dictamen de minoría‑ es que no se excluya a determinados empleadores como beneficiarios del subsidio a los impuestos laborales por el solo hecho de no estar incluidos en alguna de las formas societarias o constituciones legales establecidas en este proyecto. Tal como decía el señor diputado Recalde, ¿por qué una ONG o una fundación que emplee a cinco trabajadores no puede estar alcanzada por este beneficio, si el beneficio no es para el empleador sino para el trabajador?

Entonces, señora presidenta, durante el tratamiento en particular vamos a pedir que se incluyan las otras formas legales de organización de las empresas u organizaciones que toman trabajadores.

Por último, nosotros creemos que está muy bien reconocer la realidad, porque si no se la reconoce no se puede modificar. La inflación es una realidad, y por lo tanto está muy bien reconocerla en las normas; de lo contrario estas últimas resultan desactualizadas e ineficaces.

          La destrucción de puestos de trabajo, que no fue una realidad durante los años 2003 a 2011 ni, de diferente manera, entre los años 2011 y 2013, también es una realidad. No nos podemos quedar con el relato de algunos años y sostenerlo como si esa bonanza fuera para siempre. Estamos en una situación difícil económica, laboral y socialmente hablando. Si esta norma o parte de ella sirve para contribuir a solucionar o morigerar esa realidad difícil la vamos a acompañar ‑por supuesto, con las consideraciones que correspondan‑ pero con el principio del reconocimiento de cuál es la realidad que estamos viviendo y sufriendo los argentinos.(Aplausos.)

 

INTERVENCIÓN DEL DIP SANCHEZ EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR – TITULO II

 

Sr. Sánchez.- Señor presidente: había pedido la palabra anteriormente para dejar constancia en el Diario de Sesiones del voto negativo de nuestro interbloque al Título I.

Con respecto al Título II hacemos nuestra la propuesta del diputado Pastori para el artículo 18.

También queremos proponer una nueva redacción para el artículo 30, que es la siguiente: “El presente beneficio regirá por doce meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto.” Es decir que se elimina la facultad de una nueva prórroga por doce meses por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Consideramos que estas políticas tienen que ser evaluadas y por lo tanto este Parlamento debe dar la autorización al Poder Ejecutivo para que se apliquen en los tiempos que el Congreso considere oportuno. Si se requiere un nuevo período, tiene que ser evaluada la política y autorizada por este Congreso.

 

INTERVENCIÓN DEL DIP SANCHEZ EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR – TITULO III

Sr. Sánchez.- Señor presidente: quiero aclarar que el interbloque ha votado negativamente los capítulos I y II, y en forma afirmativa el capítulo III.

 


 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LOUSTEAU – DISCUSIÓN EN GENERAL

Sr. Lousteau.- Señora presidenta: saludamos un proyecto que apunta a resolver, aunque sea parcialmente y con algunos defectos, un problema tan grave como es la informalidad laboral en nuestro país, y por ese motivo vamos a acompañarlo en general.

En la Argentina el problema de la informalidad laboral es extremadamente grande, ya que abarca a alrededor de un tercio de los asalariados, pero además hay un número muy importante de cuentapropistas en esta misma situación, con lo cual la cifra total es cercana al 43 por ciento.

La informalidad no afecta a todos por igual. El 57 por ciento de los trabajadores de entre 18 y 25 años de edad son informales. El 56 por ciento de quienes están en la informalidad no tienen estudios secundarios. Entre aquellos en situación de informalidad laboral la pobreza es cuatro veces más que entre quienes tienen la suerte de tener un trabajo con todos los beneficios y ventajas de la ley. Esto refleja algo que muchos pensamos: una sociedad es el reflejo de lo que ocurre en su mercado laboral, porque de acuerdo con la estructura de ese mercado se conforma finalmente el tejido social. Si hay desempleo, concentración excesiva de empresas, poco valor agregado en la cadena productiva, si la matriz no está muy diversificada o hay mucho trabajo informal, tendremos una estructura social mucho menos igualitaria y dinámica, que a la larga se resiente cada vez más.

A raíz de esta compleja relación entre el tejido social y el mercado laboral, como explicaba la señora diputada Stolbizer, el problema no solo se resuelve con legislación laboral. Un proyecto de ley no puede torcer el rumbo de una política económica que camina en dirección contraria. Deberíamos preguntarnos cómo se genera más trabajo formal.

Ello se relaciona con condiciones que todos conocemos. En primer término, se genera más trabajo formal cuando hay mayor crecimiento, mayor actividad y mayor cantidad de trabajadores requeridos en cada una de las empresas. En segundo lugar –más importante aún‑, se genera  trabajo formal cuando hay más estabilidad.

No solo se trata de crecer rápidamente. Si un año se crece al 9 por ciento pero al otro se cae un 3 por ciento, luego se registra un crecimiento del 7 por ciento y a continuación una recesión del 2 por ciento, eso genera condiciones que llevan a que el empleador no quiera incorporar trabajadores; quizá en los años buenos pague horas extras, pero no se comprometerá a una relación de más largo plazo.

Ello es importante si en los momentos de crisis dejo de pagar para financiarme, y encima después viene una moratoria. Así, se genera un contexto que propende a una informalidad estructural, que constituye uno de los problemas de la Argentina. Más del 40 por ciento de los últimos treinta y siete años la Argentina estuvo en recesión y registró siete crisis a las que hemos puesto nombre y apellido.

El crecimiento continuo y previsible es fundamental para conseguir un aumento del trabajo con todos los derechos y ventajas que prevé la ley. Si no hay crisis ni urgencias ni moratorias las empresas no quieren perder su participación en el proceso de crecimiento y contratan más gente; y el Estado, si en vez de salir a apagar incendios planifica su acción, tarde o temprano tocará una inspección a cada una de las empresas.

Esa es la manera como se construye otro tipo de mercado laboral definitivamente en la Argentina, y no solo con legislación laboral. Esto es precisamente lo que pasó en los primeros años, desde 2003, cuando el 50 por ciento de los asalariados era informal. En 2010 llegamos al 33 por ciento, que es el mismo porcentaje que tenemos hoy. A pesar de que los inspectores se multiplicaron por veinte, hoy tenemos veinte veces más inspectores que en aquel momento, y se genera menos trabajo formal. Además, hemos tenido moratorias. Es decir que perdimos las condiciones que generan trabajo formal.

Entre 2003 y 2008 el trabajo formal creció anualmente el 9,7 por ciento, y desde 2008 solo aumentó el 1,2 por ciento en el sector privado, es decir, el mismo porcentaje que corresponde al crecimiento vegetativo de nuestra población. ¿Por qué es posible diferenciar tanto entre períodos?

También debemos considerar que en medio de eso ocurrió la aceleración del proceso inflacionario, algo de lo que el gobierno se desentendió absolutamente, y sigue haciéndolo. Ello implicó pérdida de reservas y de competitividad, cepos, crisis autoinfligida de balanza de pagos, déficit fiscal y una manera de financiar el Estado que en el tiempo es insostenible.

Evidentemente, tal situación genera preocupación y volatilidad, y revierte las condiciones originales por las que el empleo formal venía creciendo tan fuertemente.

Estoy de acuerdo con lo dicho por el miembro informante del dictamen de mayoría y el señor diputado Sánchez, pero no comparto la acusación de que esto se parece mucho a las políticas que tuvieron lugar en los 90. Sin embargo, no podemos dejar de notar que este tipo de medidas, que surgen de la preocupación de cómo se rebajan contribuciones patronales, suele aparecer en momentos de crisis económicas y de baja competitividad. Ejemplo actual de ello es lo que sucede en la zona Euro. Uno advierte que lo que el Fondo Monetario Internacional y algunas empresas intentan hacer con Italia, España o Grecia es flexibilización laboral más rebaja de contribuciones. En países en crisis el Fondo propone exactamente lo mismo, y si uno mira la Argentina de los noventa es exactamente lo mismo.

Considerando la urgencia frente a una cuestión y lo que es más profundo, nos parece importante distinguir algunas cosas. El beneficio propuesto para las microempresas que tienen hasta cinco empleados nos parece una buena herramienta de carácter permanente. En adelante habría que analizar cómo incentivar aún más el acogimiento a este régimen por parte de estas empresas. En verdad lo celebramos.

Para aquellas empresas de mayor porte se prevé un beneficio por dos años que se va degradando y que apunta mucho más a blanquear empleos que hoy ya existen. Dada la coyuntura es una herramienta que tendría muchísimo más impacto si no se adoptara con un contexto económico adverso, es decir, si se  hiciera cuando esto está rebotando y no cuando está decayendo, con las incertidumbres que existen hacia adelante. Considero que esto se parece más a una medida paliativa que a otra cosa.

Con respecto a la sanción, si Locke dijo que el hombre es bueno por naturaleza y Hobbes pensó que el hombre es malo por naturaleza, el diputado Recalde nos recordó que Perón se paró en un justo medio y sostuvo que el hombre es bueno por naturaleza, pero es mejor si se lo vigila. Yo estoy de acuerdo con eso, así es como se construyen las sociedades, y me parece particularmente bueno que a aquel que no está cumpliendo con la ley el Estado no le otorgue beneficios que corresponden a quienes están cumpliendo. Me refiero a créditos subsidiados, asistencia tecnológica y de gestión, la capacidad de acceder a ferias de exportación. Eso nos parece positivo pero no creemos que para ello se requiera una ley. Si el Estado tuviera esa voluntad cada vez que dispusiera de esos beneficios podría decir que no corresponden a nadie que se encuentre infringiendo la ley; sería mucho más sencillo.

Digo esto porque hago mía la preocupación expresada por el diputado Sánchez con respecto al impacto que algunas de las sanciones previstas pueden tener en un contexto en el cual se está perdiendo empleo, como ya reflejan las cifras del INDEC.

Asimismo entiendo que hay algunos problemas de calibración relativa de las sanciones. Por ejemplo, considero que no inscribir a un trabajador no puede estar tan cercano en su sanción a lo que puede ser tipificado como trata o trabajo esclavo.

Creo que las sanciones tienen un potencial complicado por parte de un gobierno que ya nos demostró que ejerce la discrecionalidad de manera abusiva, y muchas veces utiliza la información de la que dispone de la misma forma.

Adicionalmente, considero que las potestades que esta norma otorga al gobierno nacional, que colisionan con las facultades que nuestra Constitución Nacional reserva a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen un potencial conflicto que puede generar mayor litigiosidad a futuro. Cuando en una provincia un inspector de la Nación adopte una sanción contra una empresa imagino que ésta puede decir que tal sanción tiene algún problema legal o de constitucionalidad.

Observamos que en este proyecto se propone pagar un costo fiscal significativo para compensar todas aquellas cosas que dejó de hacer una mala gestión en materia de política económica. Esta es la realidad, sobre todo si uno compara las cifras que mencioné de 2003, 2008 y 2010 con lo que sucedió desde entonces hasta el presente.

Quiero alertar sobre una última cosa que es tangencial pero me parece absolutamente significativa. El sistema previsional constituye la principal política redistributiva de cualquier Estado  moderno. Como existe hace mucho, desde la Alemania de Bismarck, no lo tomamos en cuenta, pero es una política de redistribución enorme entre aquellos que antes trabajaron y contribuyeron y los que hoy están trabajando y contribuyendo. Es el principal gasto social. En el caso de nuestro país es el 77 por ciento del gasto social y el 37 por ciento del gasto primario nacional.

Digo esto porque un sistema vivo como el previsional que tiene impacto a lo largo de muchos años –la decisión que se toma hoy se puede ver cómo resulta mucho tiempo después‑ no puede ser toqueteado todo el tiempo. En 1993 hubo una privatización de nuestro sistema de seguridad social. Después tuvimos –y ya fue mencionado‑, una rebaja de las contribuciones que persiste. En el año 2001 hubo una crisis de competitividad y de crecimiento, y una rebaja de aportes personales que se revirtió recién siete años después. En 2007 tuvimos una moratoria previsional y después una reestatización del sistema; luego dotamos de movilidad a los beneficios previsionales, y ahora nuevamente estamos acudiendo a una baja de las contribuciones.

          El sistema previsional es extremadamente importante como para meterle mano todo el tiempo. La historia, sobre todo la argentina, demuestra que algunas de estas medidas pueden ser buenas, otras malas y otras pésimas. Si seguimos molestando al sistema previsional, tarde o temprano el Estado lo paga, y lo que es peor, lo paga la sociedad. (Aplausos.)

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CARRIÓ – DISCUSIÓN EN PARTICULAR DEL TITULO I

 

Sra. Carrió.- Señor presidente: quiero plantear un tema respecto del problema del registro y de las sanciones porque para mí esto es contraproducente en las actuales circunstancias del país y del empleo. Quizá esta ley debería haber sido sancionada en los años 2004, 2005 y 2006.

¿Por qué este proyecto puede jugar en contra? Voy a tomar como antecedente un tema del que se habló aquí: los autos de alta gama. Todos votaron ese proyecto a pesar de que todos tienen autos de alta gama. Es una situación bastante particular; también tiene autos de alta gama la Cámara de Diputados. (Risas.). Lo que quiero decir es que en ese momento el presidente de mi bloque, el diputado Alfonso Prat-Gay, una persona en la que yo confiaba, me dijo que debíamos abstenernos porque verdaderamente, desde el punto de vista de la imagen, eso quedaba bien.

En esa sesión escuché las palabras pronunciadas por un diputado del PRO sobre la iniciativa, pero fundamentalmente escuché a un diputado del partido Justicialista de la provincia de Córdoba -no recuerdo bien si era el diputado Schiaretti o Fortuna- quien planteaba la realidad de lo que iba a suceder en la provincia de Córdoba cuando se pusiera en funcionamiento esa ley. Ninguno de nosotros y ninguno de los que estábamos votando entendió lo que nos decía: como los autos de alta gama y su fabricación son los que permiten sostener la fabricación de los autos más pequeños por el precio y la compensación, lo que vamos a tener es una cadena de despidos. Desde ese momento la cadena de despidos no ha frenado en la provincia de Córdoba.

Por lo tanto, no se trata de que estemos a favor o en contra del proyecto. En ese momento tres diputados del bloque de la Coalición Cívica cambiamos nuestro voto y no nos abstuvimos, sino que votamos en contra porque escuchamos a esos legisladores que desde sus provincias podían explicar cuál era la situación.

¿Qué pasa con el registro y las sanciones, la pobreza y las pymes? El problema que muchas veces sucede en las pymes y en los pueblos es que cuando la gente pide trabajo, pide trabajo en negro, porque si no es incompatible con algunos planes sociales.

–        Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Carrió.- Señor presidente: ruego que me dejen hablar.

 

Sr. Presidente (Domínguez).- La Presidencia solicita a la señora diputada que formule su propuesta.

 

Sra. Carrió.- Señor presidente: estoy fundando en contra y tengo derecho a utilizar mi tiempo.

Me parece que este proyecto hay que compatibilizarlo con una revisión de las políticas sociales porque la pobreza no depende del empleo. Hay gente que es pobre a pesar de que tiene empleo, aunque tenga empleo registrado. Por eso el ingreso ciudadano a la niñez de carácter universal viene a solucionar el problema de la pobreza y no el problema del empleo.

Por otra parte desconfiamos, tal como lo dijo el señor diputado Martín Lousteau. A mí no me tocan las generales de la ley como les sucede a muchos. Tal como dijo el señor diputado Depetri yo fui tratada como leprosa por mi propio bloque de la Alianza cuando voté en contra de la flexibilización laboral. Yo era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del recién votado gobierno de la Alianza. Tal como ocurrió con el 1,8, me significó que nadie me hablara durante mucho tiempo. Yo no voté ahí, yo voté en contra.

De modo tal que lo que quiero que se revise hoy es para mantener y promover empleo registrado, y entonces las políticas tienen que ser solo indicativas. No cometan el error de poner registros y sanciones, porque las pymes están absolutamente ahorcadas, en el sentido de que cuando terminan de pagar todos los impuestos están sosteniendo empleo y a veces los dueños del almacén o de la pyme de diez empleados están ganando menos que sus gerentes. Esa es la situación de las pymes.

Entonces, hagamos políticas indicativas pero no políticas represivas en este contexto. Yo estoy de acuerdo con algunas de estas sanciones en un momento económico de crecimiento de empleo, pero en un momento de desaceleración del empleo pueden tener el efecto contrario. Por eso vamos a votar en contra este título.

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