132 Período Ordinario –10° Sesión Especial – Reunion 15°

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10 septiembre, 2014

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  1. 0055-S-14 – Proyecto de ley en revisión, por el cual se autoriza la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como también personal destinado a ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social y de infraestructura, para participar en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití – MINUSTAH -. (aun no publicada)

 

  1. 0056-S-14 – Proyecto de ley en revisión, por el cual se declara de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina. –  OD 671 (aun no publicada)

 

4. POSICIÓN DEL INTERBLOQUE EN DICTAMENES:

1 – MINUSTAH: Dictamen en Minoría por el Rechazo  de los Diputados Javkin y Sánchez

2 – DEUDA SOBERANA: Dictamen en Minoría por el Rechazo  de los Diputados Lousteau y Sánchez

 

5 .VOTACIÓNES NOMINALES:

1 – MINUSTAH –

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE:

NEGATIVO:  (CARRIÓ, JAVKIN, CARRIZO, SANCHEZ Y LOUSTEAU Y  ARGUMEDO)

 

 

2 – DEUDA SOBERANA

VOTACIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL INTERBLOQUE:

NEGATIVA: CARRIZO Y LOUSTEAU

ABSTENCIÓN: ARGUMEDO

AUSENTES: CARRIO JAVKIN Y SANCHEZ

 

6. VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS : http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/132-15.htm


MINUSTAH: DIP JAVKIN

DEUDA: DIP LOUSTEAU | DIP. CARRIÓ | DIP. ARGUMEDO

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JAVKIN POR MINUSTAH

Sr. Javkin.- Señor presidente: en 1993 las Naciones Unidas dispusieron la primera misión en Haití. Sucesivamente las misiones de las Naciones Unidas en ese país se fueron renovando, hasta esta última que se estableció en 2004.

Esta última misión tiene una característica particular porque se hizo bajo un capítulo de la Carta de las Naciones Unidas que no tiene que ver con la paz y el desarrollo, sino con la imposición de la paz a partir de la utilización de la fuerza, planteo que formulara el ex presidente de Brasil, Lula y que no fuera recepcionado por Naciones Unidas.

Claro que Haití es un país que encima sufrió un terremoto y tiene una situación de desarrollo muy particular y deficitaria, pero estamos hablando de si vamos a mandar por dos años más tropas de la Argentina, no para colaborar con Haití sino para integrar una misión de Naciones Unidas.

Durante esa misión de Naciones Unidas ha habido crímenes denunciados y comprobados, incluso investigados por Naciones Unidas. Se trata de crímenes de todos los capítulos del Código Penal que usted quiera imaginar. Ha habido una situación de denuncia de fraude electoral, ha habido una elección en la que sólo votó el 15 por ciento de los haitianos y en este momento se encuentran postergadas elecciones legislativas en el marco de lo que establece el propio reglamento constitucional haitiano.

Por un descuido de esta misión en Naciones Unidas se introdujo en Haití una epidemia de cólera, que como bien citaba en varios artículos el recordado Juan Gelman, el día 21 de octubre de 2010 registró los primeros mil casos pero ya en febrero de 2011 registraba 231 mil casos.

Se presume que esta epidemia de cólera –y está analizado científicamente- fue introducida por tropas nepalesas que integraban la misión de Naciones Unidas en Haití.

Hay pedidos del Senado  haitiano reclamando el fin de la misión de Naciones Unidas en Haití. El Senado haitiano ha reclamado el retiro de esta misión. Es importante, y creo que no hace falta debatirlo en este recinto, la historia de la Argentina en relación con el principio de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, no hay ninguna mención en el pedido a la expresión de un órgano como el Senado haitiano.

Se invierten en esta misión 800 millones de dólares en gastos militares. Con 120 millones de dólares se resolvería el problema de la epidemia de cólera, que hoy cuadriplica la cifra de infectados al año 2011.

Existe en Haití un 60 por ciento de analfabetismo, una esperanza de vida de 48 años, y la respuesta de la comunidad internacional desde el 93 hasta la fecha ha sido sin duda insuficiente.

No se ha avanzado en el grado de desarrollo, pero en lo que sí se ha avanzado es que desde el año 2004 se explotan en Haití 18 minas de minerales preciosos como el oro. Todas estas explotaciones están en manos de empresas canadienses y estadounidenses, siendo once éstas últimas. Esto se lo hace en un país con indicadores sociales –como recién lo expresaba en forma muy correcta el señor diputado Pais- que indican que no ha podido superar los niveles de pobreza, de marginación, de analfabetismo que tenía, pero que sí ha avanzado en la explotación de las minas de oro.

Por otra parte,  hay expresiones de nuestros países vecinos acerca de retirar esta misión, procediendo al retiro gradual y definitivo. Ha habido expresiones del presidente Mujica, del ex presidente Lula y de representantes del propio Ministerio de Defensa argentino

-y también lo decía el diputado preopinante- que indican que deberíamos ir retirando las tropas.

Sin embargo, en este proyecto de ley  no está planteado ni el retiro gradual ni un plazo distinto al que siempre se votó, de dos años, ni ninguna consideración sobre una posición de Argentina en Naciones Unidas llamando la atención acerca de la poca efectividad que ha tenido esta misión que, insisto, es del 2004 pero que continúa a misiones desde el año 93.

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de tener una actitud solidaria con Haití; estamos contestes con lo que el propio Ministerio de Defensa informaba ayer acerca del desempeño de las tropas argentinas, que como bien se describía trabajan fundamentalmente en cuestiones humanitarias vinculadas con el agua y la salubridad. Pero no estamos de acuerdo con que en lugar de tener una acción solidaria de los países latinoamericanos con Haití, apuntando a elevar su esperanza de vida, los derechos básicos, el alfabetismo y la convivencia pacífica, sigamos integrando una misión de Naciones Unidas bajo un capítulo de la carta que establece la imposición de la fuerza, porque eso ha resultado ser inefectivo, está generando una situación de conflicto en Haití, está ignorando un principio básico del derecho internacional –el ius cogens‑, que es el de autodeterminación de los pueblos y, en definitiva, está convirtiéndonos en copartícipes de un hecho que el día de mañana va a generar seguramente reclamos de responsabilidad internacional.

En función de esto –y para permitir que luego complete el diputado Peralta‑, vamos a votar el rechazo de esta iniciativa, ratificando nuestra vocación de discutir con muchísimo gusto acciones solidarias de otro tipo que tengan que ver con el apoyo de la Argentina a la reconstrucción de Haití, pero jamás con seguir avalando el establecimiento de estas violaciones a partir de una misión que es incorrecta e inefectiva. (Aplausos.)

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LOUSTEAU POR DEUDA SOBERANA

Sr. Lousteau.- Señora presidenta: en primer lugar quiero destacar la importancia del tema que estamos discutiendo hoy. Se trata de una importancia reconocida el día de ayer en la reunión de la comisión creo que por el secretario legal y técnico, cuando mencionó que la inclusión del orden público dentro de la ley tiene lugar en circunstancias en las que existe el riesgo de descalabro estatal. Si no fue él quien lo dijo, fue la procuradora del Tesoro.

Me permito disentir con el miembro informante del dictamen de mayoría. Es cierto que en muchas oportunidades anteriores en la Argentina la deuda fue limitante de las políticas públicas, pero este episodio también restringe las herramientas de políticas públicas de las que dispone nuestro país.

Dada esta importancia, lamento la forma en que se está discutiendo esta cuestión. Me refiero a que ayer tuvimos una reunión de comisión exprés donde apenas escuchamos las expresiones de los funcionarios y pudimos preguntar, muchas veces sin obtener respuestas, debimos dictaminar e inmediatamente al día siguiente tenemos que definir este tema.

Digo que me da lástima porque creo que casi toda la oposición mostró voluntad de contribuir cuando hubo que viajar a Washington. Primero FAUNEN emitió un comunicado expresando el apoyo a la postura argentina. En mi caso, me tocó viajar defendiendo la posición de nuestro gobierno. Todos los miembros del oficialismo que han viajado lo saben, así como también el resto de esa comitiva multipartidaria, y también conocen las contribuciones que hicimos una vez de regreso.

También hay otros proyectos dando vueltas que me parece que no son considerados como corresponde. Creo que el gobierno se pierde en este caso la posibilidad de tratar esto –dada su gravedad‑ de una manera tal que pudiéramos conseguir unanimidad y una posición monolítica a fin de dar una señal clara al resto del mundo. Pero esto sólo podemos hacerlo si hay un trabajo en conjunto, serio y riguroso, que no parece haber sido el camino elegido.

La situación actual es preocupante. En mi opinión, toda esta saga que deriva en esta situación puede ser caracterizada como eldefault del sentido común. El fallo de Griesa carece de sentido común. El fallo de Griesa interpreta el pari passu de una manera absolutamente inédita. El fallo de Griesa afecta a terceros de una manera inédita. El fallo de Griesa tiene inconsistencias técnicas severas, y para el colmo de un juez, no previó que ni siquiera iba a poder aplicar su propia sentencia, con lo cual él se ha encerrado en un laberinto, nos ha encerrado a los argentinos en un laberinto, ha encerrado también a los tenedores de deuda argentina reestructurada en otro laberinto y ha provocado al mundo un antecedente negativo, tal como ha sido manifestado por un montón de amicus curiae para la Argentina de expertos y también por la resolución de ayer de Naciones Unidas.

Por su lado, los fondos buitre también son la falta de sentido común del sistema financiero internacional. No hay ningún motivo ni justificación para su existencia, y sin embargo se la permite y se la alienta a través de normativa excesivamente laxa. Pero también el gobierno nacional pecó de falta de sentido común en un montón de circunstancias hasta la situación actual.

En primer lugar, se ha vanagloriado permanentemente de la quita del canje.  La restructuración de la deuda fue buena, pero la quita no fue del 75 por ciento.  Si uno mira las cifras actuales, aquel que tenía 100 dólares hoy recibió 87 dólares.  Esto es importante porque, cuando íbamos a explicar al resto del mundo, existía el preconcepto de que la Argentina fue enormemente dura y poco justa con sus acreedores.  En realidad, les ofreció algo que con el tiempo fue creciendo y hoy vale mucho.  Por lo tanto, cuando persistimos en decir que esta fue la mayor quita de la historia, esta actitud no ayuda a crear un buen antecedente.

En segundo lugar, se ha desconocido esa deuda y se ha dicho permanentemente que no se iba a pagar.  Escuché muchas veces decir que parece que un juez falla en virtud de lo que dicen los funcionarios argentinos. En ese sentido, les pido que lean los fallos de Griesa.  Si no les gusta Griesa, lean los de la Cámara de Apelaciones, donde figuran los argumentos que han vertido los funcionarios públicos argentinos, que en muchas oportunidades ‑por ejemplo, cuando se embargaron los fondos del Banco Central‑ revirtió fallos de Griesa.

En tercer término, cuando se llevó a cabo la intervención del INDEC el nivel del riesgo país y la cotización de los títulos públicos argentinos era igual a los de Brasil.  A partir de ese momento nos empezamos a diferenciar.  Si no hubiéramos hecho eso, en lugar de 87 dólares la oferta argentina valdría 102 dólares.  De esta manera, dicha oferta hubiera sido mucho más atractiva para que ingresaran otros holdouts y no los fondos buitre.  Así, tal vez no tendríamos el 92,4 por ciento y podríamos haber obtenido el 99,5 por ciento.

Persistir en autolimitaciones y autorrestricciones legales, cuando ya eran innecesarias, también complicó la situación.  Me parece que desde que tuvimos el fallo en contra de Griesa -y sobre todo, tal como se ha visto públicamente, la negativa de la Corte Suprema de Justica de los Estados Unidos a tomar el caso- hemos asistido a muchas idas y vueltas e improvisaciones.

Es cierto que existe un ataque especulativo, pero también lo es que no nos hemos defendido bien.  No planteamos esto para escarbar el pasado sino para justificar por qué el proyecto de ley nos puede generar dudas y amerita una discusión más profunda acerca de sus contenidos.  Eso es lo que queremos hacer: plantear algunos interrogantes puntuales como para dejarlos asentados y, además, poder discutirlos.

Consideramos que casi la totalidad de los artículos del proyecto de ley son innecesarios.  Si existe un incumplimiento contractual del agente fiduciario, en función del propio contrato el Ministerio de Economía está facultado para removerlo.  También está facultado para nombrar otro, y si ya lo hizo, está facultado para depositar los fondos en la cuenta que se abra en el Banco Central.  Por lo tanto, tampoco creo que haga falta una ley del Congreso para que el nuevo agente fiduciario abra una cuenta en el Banco Central.

El capítulo III tiene los mismos vicios.  ¿Para qué hace falta que el Ministerio de Economía abra una cuenta, le ponga un nombre y deposite allí si en realidad todo eso es una muestra de buena voluntad teniendo en cuenta que todavía no están determinados quiénes son los beneficiarios?  Esto no es exclusivo beneficio de aquellos que no entraron al canje, pero que lo van a hacer.

Lo mismo ocurre con la declaración de orden público cuando se dicta esta jurisprudencia de la propia Corte Suprema en el caso de la corporación Claren.

Entonces, esta ley no requiere casi ningún artículo, salvo el 7°, que habla de cambiar la jurisdicción, porque si no la aprueba el Congreso entra en clara contradicción con la propia ley de administración financiera.  Por lo tanto, este primer elemento es innecesario.

En segundo lugar, no resuelve el problema actual.  Es decir, hay tenedores de deuda reestructurada a los cuales no les llegó el dinero porque el juez Griesa no permitió que el Bank of New York transfiriera el dinero a sus tenedores de jurisprudencia de legislación extranjera.  Pero de esta manera tampoco les va a llegar: vamos a cambiar el Bank of New York por Nación Fideicomisos, ¿pero cómo llegará a los Estados Unidos?  El juez Griesa también va a impedir que participen las instituciones y que llegue a los tenedores.

Entonces, lo único que le permitiría a esos tenedores poder cobrar eventualmente es aceptar el cambio de jurisdicción.

Ahora bien, si no estamos resolviendo la situación del cobro por parte de los tenedores de deuda, ¿qué estamos resolviendo? En este sentido, creo que las declaraciones de ayer en el seno del plenario de las comisiones fueron bastante claras, ya que dijeron que estaban resolviendo pagar. El problema es que el funcionario responsable no sabe dónde pagar. Hoy no puede pagarle al BoNY porque éste no envía los fondos a los tenedores.

Por eso nos plantean resolver de manera rápida y urgente dónde puede hacer un depósito el gobierno argentino. Es decir que lo que estamos haciendo es resolverle el problema al funcionario. Esto explica la urgencia, ya que el próximo 30 de septiembre habrá otro vencimiento. De ahí que estemos tratando esta iniciativa de manera exprés, lo cual pone de manifiesto que todas estas cuestiones no estaban minuciosamente estudiadas, como en algún momento sostuvo el ministro de Economía.

En segundo lugar, continuando con las dudas sobre este proyecto, preguntamos si la propia propuesta no corre el riesgo de agravar la situación actual. Reitero que este es uno de los interrogantes que planteamos ayer en la reunión plenaria de las comisiones.

También nos referimos a la remoción del Bank of New York. Si hay un incumplimiento, y éste está definido en los contratos, no habrá ningún problema. Ahora, si hay un incumplimiento que no esté definido en los contratos –de hecho no lo hubo hasta que el Banco Central tomó una decisión respecto del Bank of New York en la Argentina‑, el incumplimiento será por parte de la Argentina. En este caso, corremos el riesgo de que ese evento detone una cesación de pagos por una decisión de este Congreso.

Lo mismo ocurre con el nombramiento de Nación Fideicomisos, que no cumple con los requisitos establecidos en el contrato de fideicomiso para ser agente fiduciario. De acuerdo con los datos que son públicos, tiene 14 millones de dólares de patrimonio, cuando hacen falta 50 millones de dólares, y además no cuenta con oficinas en el condado de Manhattan.

Ese es un elemento adicional, porque cuando nombremos a Nación Fideicomisos vamos a incumplir con el contrato de fideicomisos, lo cual puede interpretarse –esta es una de las preguntas que hicimos‑ como un evento de cesación de pagos.

La Argentina va a depositar los fondos en una cuenta de Nación Fideicomiso abierta en el Banco Central. En principio esa plata no le va a llegar a los tenedores de deuda reestructurada, salvo que acepten el cambio de jurisdicción. Al respecto, en ocasión de su visita al Honorable Senado, el propio secretario de Legal y Técnica reconoció que la Argentina va a pagar pero que no se sabe qué van a hacer los tenedores de deuda. Agregó que algunos vendrán y otros no, pero que no se puede hacer nada para que cobren si ellos no hacen algo.

En ese caso el problema es que hay muchos tenedores de deuda institucionales de legislación estadounidense que se van a ver impedidos de aceptar el cambio de jurisdicción por problemas estatutarios, por interés, por desidia o por especulación.

Entonces, además de los holdouts que ya tenemos va a haber otros nuevos, porque cuando les ofrezcamos la posibilidad de tener títulos con jurisdicción local no van a poder o no van a querer aceptar el cambio.

Si combinamos el elemento de cesación de pagos con más cantidad de holdouts estamos aumentando las chances de que alguien exija acelerar los pagos de alguna serie de títulos, es decir, que nos exija hoy todo lo que se debe contractualmente más lo que se debería pagar a futuro. Si caemos en esta situación, pregunto si estamos seguros de que todo este episodio no puede llegar a derivar en la necesidad de encarar una nueva reestructuración total de nuestra deuda.

Si fuera así, ¿estamos seguros de que vamos a conseguir mejores condiciones que las obtenidas en la reestructuración de 2005?

Ninguno de esos interrogantes –al menos desde nuestra visión‑ han sido respondidos a pesar de su importancia.

Por otro lado, existe un elemento adicional que ya fue mencionado. Me refiero al hecho de que en algún momento nosotros elegimos una jurisdicción extranjera, y lo seguimos haciendo en muchos de los contratos que se firman entre el sector público, o algunas empresas con participación estatal, y una contraparte extranjera, pero después desconocemos esos fallos. Cuando los desconocemos, ello implica un riesgo reputacional que  puede elevar la tasa de interés para financiar cosas sumamente importantes para la Argentina. Por ejemplo, necesitamos infraestructura, si bien el Ministerio de Planificación lleva gastados de 2003 a la fecha 145 mil millones de dólares, es decir, 1,22 billones de pesos –o sea 122 seguido de diez ceros- a valores actuales.

Por ejemplo, Vaca Muerta es una enorme oportunidad, que ofrece muchos desafíos, pero es una inversión a un plazo de treinta años que probablemente requiera más dinero que el que mencionó el diputado Solá. La propia YPF calcula que para exprimir en su totalidad Vaca Muerta hacen falta entre 300 y 400 mil millones de dólares.

Cuando se requiere una inversión tan grande en un plazo tan largo, un pequeño cambio de la tasa interna de retorno que se exige puede hacer que un proyecto deje de ser viable. Esta es una riqueza enorme que tiene la Argentina para aprovechar, que se estima equivale al 70 por ciento de las reservas de Arabia Saudita y a casi 20 puntos del PBI y que permitirá cubrir varios siglos de demanda energética para nuestra Nación. Entonces, debemos tener cuidado en cómo explotarla, y en ello está cómo financiar el enorme flujo de capital que vamos a necesitar.

Nosotros tenemos todas estas dudas y planteamos estos interrogantes desde una posición constructiva. Si existe alguna posibilidad de que sean ciertas, amerita otro tipo de discusión, con más plazo, con más seriedad y rigurosidad. No creemos que sea lo que ha ocurrido ni lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no acompañamos el proyecto. (Aplausos.)

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CARRIÓ POR DEUDA SOBERANA

Sra. Carrió.- Señor presidente: el año pasado nosotros tuvimos oportunidad de dictar una ley facultando al Poder Ejecutivo a negociar con los holdouts. En ese momento dije expresamente que la Argentina estaba corriendo detrás de algo que a esa altura era inevitable. Estoy hablando del año pasado. Señalé también que en junio del año pasado yo había estado en los Estados Unidos hablando con abogados sobre la posibilidad –salía en todos los diarios en la Argentina‑ de que la Suprema Corte de los Estados Unidos hiciera lugar al recurso extraordinario planteado por nuestro país. Todos me dijeron que era imposible, que había sólo un 1 por ciento de posibilidades.

Todo el mundo sabía que el fallo iba a salir y que era muy difícil con la estrategia argentina, la de sus abogados y las manifestaciones políticas que los abogados de los dueños de los bonos presentaban como escritos.

No se trataba sólo de la declaración de Cristina, sino que ella no podía desconocer que era la presidente de los argentinos. Sus dichos conformaron un hecho nuevo muy importante en la causa.

También dije que todo mi bloque –que entonces presidía el diputado Prat‑Gay‑ había decidido votar en contra, pero que mi conciencia me demandaba abstenerme porque entendía que la cuestión era enormemente compleja y que ustedes tenían un año para resolverla de manera creativa porque si no, en junio de este año, íbamos a estar en un momento muy difícil para el país.

Todos los días, desde el 30 de junio, seguí paso a paso las negociaciones: los dichos de Kicillof, pero en paralelo las negociaciones de Capitanich, a tal punto que obran en mi inserción las dos cartas documento que tuve que mandar a Fábrega porque un martes a la noche el jefe de Gabinete convocó en Puerto Madero a una reunión a los principales banqueros de la Argentina, entre ellos, Jorge Brito. En esa reunión estuvieron presentes grandes empresarios y la mayoría de los representantes de los bancos de nuestro país, e incluso creo que estuvo Frigerio, por el Banco Ciudad.  Alguien me avisó que la negociación era la siguiente: 100 millones ponía Brito, 100 millones tenían que poner los otros bancos y 400 millones iba a poner Sedesa, que es el fondo de garantía de los depósitos que pagan los ahorristas.

Esa mañana intime a Fábrega para que no toque los fondos de Sedesa.  Este hecho fue escandaloso: iban a entregar la Argentina y pagar con los fondos de garantía de los ahorristas.  Esto fue expresamente reconocido por Kicillof y la señora presidente el lunes posterior.

Después intervino el J.P. Morgan.  A uno le puede gustar o no el J.P. Morgan.  De hecho, nosotros tenemos la única investigación de deuda que se hizo en esta Cámara, que la hicimos en la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el Lavado de Dinero. Pero está claro que J.P. Morgan es los Estados Unidos.

Cuando estaba todo arreglado, un miércoles se entrevistaron con Kicillof, y al otro día la Argentina demandó a los Estados Unidos ante el Tribunal de La Haya.  Es decir que la voluntad de Cristina Kirchner y de Kicillof fue romper toda posibilidad de acuerdo.

En consecuencia, ¿se está queriendo arreglar o se está queriendo romper?  Este es el metadiscurso.  Cristina Kirchner quiere romper.  ¿Se sabía que algo había que hacer con los holdouts desde 2006?  Sí.  ¿Saben qué decía Anne Krueger, directora del Fondo Monetario Internacional, en 2006?  Lo mismo que la Argentina pide hoy a Naciones Unidas: la creación de un convenio multilateral para evitar los holdouts.  ¿Saben lo que decían de Krueger?  Que era un buitre.

Si en 2006 hubiéramos iniciado este procedimiento ante Naciones Unidas, hoy no tendríamos estos problemas con los holdouts, porque efectivamente se hubiera dictado el convenio multilateral propuesto por el FMI.

¿Cuánto se pagó al FMI?  Diez mil millones de dólares cash.  ¿Para qué?  Para desendeudarse.  ¿No hubieran servido esos fondos hoy?  ¿No se sabía en 2005 que íbamos a tener problemas de energía?  ¿No saben que las reservas del Banco Central están comprometidas casi en su totalidad por la importación de gas?

Pero no sólo eso: llegó el día 30 de junio y se dijo que no se iba a pagar, con el mismo capricho que dijeron que no se iba a pagar al Club de París cuando había reservas, pero terminamos pagando 3 mil millones de dólares de reservas en punitorios.  De la misma manera, se dijo que íbamos a investigar el vaciamiento de YPF –yo tengo una denuncia hecha desde 2006‑, y se terminó pagaron 10 mil millones de dólares, que es lo que vale toda la empresa.

¿Por qué no se trató de encontrar una salida? Porque no se quería. Hay que hacer un juicio por mala praxis a los abogados de la Argentina, que forman parte del mismo estudio que contrató Cavallo para el megacanje.

Hoy tenemos que elegir si entramos en un default parcial. Por ejemplo, pagar en enero –cuando vence la cláusula RUFO‑ los 200 millones que vencen en septiembre o si tenemos que desacatar el fallo del juez Griesa. Se dice que algo hay que hacer.  Yo les digo: después de todo el desastre hecho quizás lo mejor que se puede hacer es no hacer nada hasta enero.

En cuanto al precio de un desacato, ¿qué es lo que se quiere hacer? Están buscando dos cosas muy claras. En primer lugar, cómo desacatar la orden de un juez –que puede ser bueno o malo‑ y un fallo firme de una Corte a la que nosotros nos sometimos.

En segundo término, este no es el caso “Clarens”  en el que la Corte ya ha fallado sobre la declaración de orden público, pero eso es lo que le interesa al gobierno. En realidad, lo que le interesa a la señora presidenta, a Kicillof y al señor jefe de Gabinete es la sanción de una ley de orden público, porque con ella eventualmente quedan eximidos de responsabilidad penal por lo que vayan a hacer. De este modo, obtienen impunidad.

La propia procuradora manifestó: “Necesitamos la palabra ‘de orden público’.” Lo que quieren decir con esto es que necesitan una declaración expresa por parte del Congreso para no ser sometidos a la justicia penal, y no sólo de este país sino también de cualquier otro. Entonces, lo que estamos tratando acá es si le damos impunidad penal o no al señor Kicillof. De ahí la necesidad de invocar el caso “Clarens”.

Entiendo que la situación es difícil. Personalmente viví el default de Rodríguez Saá con Cristina aplaudiendo acá y todos los legisladores que también aplaudieron de pie. Aclaro que no es que quiera pagar la deuda, porque en ese momento también decía que el hambre del pueblo exigía tomar las reservas y la recaudación, si fuera necesario. Pero hoy no estamos en esa situación.

Giorgio Agamben, un famoso filósofo italiano respecto del cual nadie puede decir que es de derecha, Autor de Estado de excepción, hace poco escribió El misterio del mal. En esta última obra aborda el tema del estado de las democracias y lo que significaba la renuncia de Benedicto. Según él, Benedicto tuvo ese gesto de renuncia porque no podía enfrentar el mal radical de la Iglesia, que era la anomia. Así, al hablar de la anomia, Giorgio Agamben dice que a Benedicto le gustaba aquel teólogo hereje llamado Ticonio, que en el Siglo V después de Cristo escribió sobre un debate en el que se planteaba que la Iglesia era el bien y el  mundo el mal –incluso lo dijo San Agustín en la ciudad de Dios‑, y plantea que para Ticonio el mal crecía en todos lados. Ahora, ¿qué era el mal? La anomia. Pero, ¿qué es  la anomia? Hombres y mujeres sin ley.

Hace demasiados años que nosotros estamos en la anomia; es decir, que hace demasiados años que estamos fuera de la ley, y este proyecto es estar fuera de la ley.

Con esto no estoy avalando el fallo. Simplemente estoy diciendo que la situación es difícil. Si fuera la presidenta, hubiera dado una caución para cumplir después de enero. Incluso, en esta situación hasta quizá no hubiese hecho nada esperando que llegue enero, porque una cosa es incurrir en un default y otra muy diferente es desacatar un determinado sistema jurídico.

Por otra parte, quiero finalizar esta intervención diciéndoles y diciéndonos algo sobre el diálogo de Critón y Sócrates, narrado por Platón. Sócrates había sido condenado a la cicuta mediante una sentencia injusta, y Critón le dijo que él pagaba y sobornaba a los carceleros para que Sócrates pudiera vivir, teniendo en cuenta que la sentencia había sido injusta. Pero Sócrates le manifestó que prefería morir por la cicuta antes que discutir las leyes de donde nació y vivió. Esto se denomina como ética del cumplimiento de la ley. Pero una ley de impunidad, no es ley. Y una ley que agrava la cuestión es peor.

Es cierto lo de Naciones Unidas, pero lo que no se dice es que lo que se aprobará es para discutir durante la sesión que empieza el 18 de septiembre y termina en septiembre del año que viene. Además, para ese convenio tendrá que darse intervención al Fondo Monetario, porque forma parte de Naciones Unidas. Por eso no hicieron este procedimiento antes. En buena hora que así sea. Lo cierto es que tendrá que intervenir el Fondo Monetario Internacional en cualquier convenio para decir si un país realmente debe o no.

La Coalición Cívica, nuestro partido sólo, no va a estar presente en la votación. Yo no quiero votar en contra. Ya lo viví. La vez pasada me abstuve y no quiero estar cuando se aplauda esto. Como acto político decidimos no estar cuando esto se aplauda. Cuando me abstuve en el acuerdo con Irán… Perdón, cuando voté en contra del acuerdo con Irán me tuve que retirar del asco que me dio el aplauso. Yo a ese asco no vuelvo, señor presidente, porque ustedes no tienen derecho a hacernos pasar vergüenza todos los días de su vida.(Manifestaciones en las bancas y en las galerías.)

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ARGUMEDO POR DEUDA SOBERANA

Sra. Argumedo.- Señora presidenta: deseo aclarar que estoy lejos de creer que la Justicia norteamericana tenga transparencia e independencia. Basta recordar el informe Warren aprobado por la Corte Suprema de Estados Unidos acerca del asesinato del presidente Kennedy para saber la capacidad de manipulación y los fuertes intereses que juegan alrededor.

También quiero plantear cómo llegamos a esta situación. Para eso pido permiso para insertar en el Diario de Sesiones el informe del juez Ballesteros, que en 110 páginas permite advertir cuál fue la gran estafa sufrida por el pueblo argentino. En este informe, además de señalar 477 irregularidades de magnitud, habla de distorsiones como la prórroga indebida de la jurisdicción en manos de tribunales extranjeros, la inexistencia u ocultamiento de información, las informaciones provistas por los deudores privados –cosa que nos pasó un poco con el caso de Repsol‑, la manifiesta arbitrariedad de los responsables políticos y económicos y de los directivos de empresas y bancos.

En síntesis, en poco más de tres años la deuda argentina pasó de 7.600 millones de dólares  a 45 mil millones de dólares, pero el detalle es que el 62 por ciento de ese incremento correspondió a la estatización de la deuda privada a través de los seguros de cambio.

A esto debemos ponerle nombre y apellido, porque a partir de esa deuda inicial, el crecimiento descomunal de la deuda fue porque se tomó deuda para pagar deuda. ¿Qué deuda hemos pagado? La deuda que nos hicimos cargo de Cogasco S.A., de la que ahora voy a contarles la historia; Acindar S.A., de Martínez de Hoz; Banco Río; Alto Paraná S.A.; Banco de Italia; Banco de Galicia; Bridas S.A., del grupo Bulgheroni; Alpargatas S.A., del Banco Roberts; Citibank; Compañía Naviera, de Pérez Compac; Dalmine Siderca, de Techint; Banco Mercantil; Aluar; Banco de Londres; Banco Tornquist; Banco Español; Sade, de Pérez  Companc; Sevel, del grupo Socma, de Macri; empresa IBM; First National Bank of Boston; empresa Mercedes Benz; Deutsche Bank; Industrias Metalúrgicas Pescarmona; Banco Roberts; empresa Ford; Continental Illinois National Bank; Banco Shaw; Deere and Company; Banco Supervielle; Loma Negra, de Fortabat; Selva Oil Incorporated; Sideco Argentina; Chase Manhattan Bank; Bank of America; empresa Fiat; empresa Esso, y Manufactures Hanover Trust. Esa es la deuda que cargaron al pueblo argentino.

Si tomamos el ejemplo de Cogasco, era una empresa holandesa controlada por Nacap de Holanda, y que había pedido un crédito de 918 millones de dólares al Amro Bank de Holanda. Está registrado que de esos 918 millones de dólares sólo ingresaron 292 millones y que el resto continuó en bancos externos para la especulación financiera. Este grupo Nacap y sus acciones pasaron al AMRO Bank de Holanda y fueron refinanciadas dentro del marco del Club de París. Esto significa que en el Club de París por 292 millones de dólares que entraron se tomaron como deuda propia 1.348 millones de dólares.

Se perdió una oportunidad histórica de reparar esta brutal deuda que se cargó al pueblo argentino, porque este fallo del juez Ballesteros entró al Congreso en junio de 2000, poco antes del estallido de la deuda y del megacanje del señor Cavallo.

Lamentablemente en 2003 se perdió la gran oportunidad histórica de realizar una investigación y una auditoría de esta deuda para demostrar la brutal y descomunal estafa al pueblo argentino que hicieron estos bancos y grandes corporaciones nacionales y extranjeras.

También lamentablemente en 2004, por decreto 319 del entonces presidente, se prorrogó la inmunidad soberana a la Justicia de los Estados Unidos para hacer el canje de 2005.

En relación con el canje de 2010 es bueno recordar que el Citibank, el Deutsche Bank y el Chase Manhattan Bank son algunos de los bancos de cuyas deudas nos hicimos cargo. Al respecto cabe señalar que en la negociación del canje de 2010 participaron el Citibank, el Deutsche Bank y la Consultora Arcadia.

La Consultora Arcadia fue constituida en enero de 2008 con un capital de 12 mil pesos, y se encargó de la negociación de una deuda de varios miles de millones de dólares. Entre sus socios se encontraban Emilio Campo Alvear, ex presidente del Chase Manhattan Bank Argentina, y suegro de mister Brooks, abogado que preparó todos los contratos del plan Brady en los años 90.

Otro socio de la Consultora Arcadia fue Marcelo Etchebarne Bullrich, socio de Pablo Bossio, hermano de Diego Bossio, de la ANSESy amigo íntimo de Amado Boudou.

¡Fíjense la paradoja en el canje de 2010! Los negociadores en cuyas manos dejamos la reestructuración de nuestra deuda eran el Citibank, el Deutsche Bank y el Chase Manhattan Bank que eran los tipos que hacían…

 

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